Frente a la frustración de no poder continuar con la aprobación de los informes provenientes de las mesas de trabajo, el Presídium del Congreso Plurinacional de Educación decidió clausurar la plenaria final del evento. Esta clausura implicó dar por aprobados los informes de las comisiones sin realizar un análisis exhaustivo ni cumplir con el paso fundamental de cualquier congreso: reunir, sistematizar y coordinar las conclusiones en un documento final.
Las plenarias de conclusiones no son simples actos formales. Por el contrario, representan un espacio esencial para dar coherencia a las propuestas que, en muchos casos, se presentan de manera dispersa, desordenada o incluso contradictoria durante las discusiones temáticas realizadas en las comisiones. Omitir una plenaria integral que examine y articule los aportes temáticos equivale a reducir las conclusiones a una mera sumatoria de partes inconexas o, en su defecto, permitir que el Presídium asuma unilateralmente la responsabilidad de redactar el informe final según su propio criterio.
La frase “Se salvó el congreso”, pronunciada por el presidente del Presídium durante la conferencia de prensa de clausura, resonó como un intento de justificación por parte de la directiva y las autoridades ministeriales. Fue una declaración que evidenció la incapacidad para prevenir y resolver un conflicto sindical que, en lugar de ser abordado mediante el diálogo, terminó siendo sofocado con intervención policial y culminó en la abrupta clausura de la plenaria final.
El objetivo formal del congreso estaba centrado en diagnosticar, analizar y construir respuestas concretas a las problemáticas educativas del país. Sin embargo, el evento no debía limitarse a un seminario o acto académico, donde las ideas y propuestas se presenten ante un público interesado que luego extrae sus propias conclusiones. El Congreso Plurinacional de Educación, como máximo espacio de discusión del Sistema Educativo, tiene la misión de diseñar políticas educativas surgidas del diálogo entre todos los actores involucrados en la educación.
Era indispensable que el congreso respondiera con resultados tangibles, viables y consensuados a las expectativas, esperanzas y demandas de la sociedad, que aspira a una educación que represente el derecho universal y una conquista social. No hay lugar en la historia para celebrar que “se salvó el congreso” cuando la educación permanece estancada por la falta de innovación creativa, voluntad política, renovación de políticas públicas y el compromiso real de preservarla como lo establece la Constitución Política del Estado: la educación como función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado.
Las expectativas generadas por los organizadores del congreso y el Gobierno defraudaron a los diferentes sectores educativos. Los discursos inaugurales quedaron, una vez más, como meras expresiones demagógicas o compromisos vacíos frente a las urgentes necesidades del sistema educativo. Del entusiasmo inicial, se pasó al notorio silencio e invisibilidad de las autoridades del Ministerio de Educación, con un ministro ausente y viceministros que se limitaron a ser espectadores indiferentes ante los conflictos que socavaron el congreso.
La educación no necesita ser “salvada” de forma circunstancial, como se intentó hacer con el Congreso Plurinacional de Educación. Es imprescindible repensarla desde su base, entendiendo que es un derecho humano universal. Esto exige la creación de espacios de diálogo y participación democrática donde los sectores más necesitados y excluidos puedan alzar su voz, para exigir al Estado que cumpla con su responsabilidad. Es tiempo de que los eventos educativos prioricen la participación de los excluidos, comunidades, representantes de base como delegados, reemplazando a las autoridades, directores y funcionarios públicos que, en esta ocasión, llenaron las delegaciones con el objetivo de convertir el evento en un acto político gubernamental más.
Es imprescindible concluir exigiendo que los responsables rindan cuentas por los errores cometidos desde el inicio: la falta de capacidades técnicas y organizativas, la ausencia de las autoridades ministeriales, la carencia de previsión ante los conflictos, y la falta de criterios claros y orientadores. Pero, lo más lamentable, es la responsabilidad de haber defraudado a la sociedad, especialmente a quienes, con esperanza, anhelan ver a sus hijos e hijas construir un futuro mejor y proyectarse plenamente en la vida.
Roberto Aguilar Gómez es docente investigador de la UMSA y exministro de Educación.
