Para nadie es desconocido que Evo Morales —en el poder por casi 14 años— ha marcado un antes y después en la historia del país. El mismo expresidente Carlos Mesa lo reconocía en un foro internacional hace años: “El solo hecho que Morales sea presidente es, en sí mismo, un acontecimiento de cambio extraordinariamente profundo”.
Jichhapi jichaxä (ahora es cuando, en aymara) decía el eslogan de la campaña electoral de Morales en 2005. Esa premisa —ya con Morales en el gobierno— se tradujo en logros importantes para el país, el llamado “proceso de cambio”, aunque los detractores del líder cocalero pretendan hasta ahora descalificarlos: la consolidación de la identidad indígena originario campesina, la irrupción con fuerza de los movimientos sociales en la gestión y el debate públicos, el fortalecimiento del movimiento nacional-popular, la instalación de la Asamblea Constituyente, la nueva Constitución, la redistribución de los ingresos nacionales, bonanza económica a raíz de mejores ingresos por hidrocarburos, obras en todos los rincones (algunos elefantes blancos), conexión vial, el posicionamiento internacional y la incidencia de la llamada diplomacia de los pueblos, entre otros.
Todo ese avance comenzó a cambiar en 2014, con la economía en el pico más alto y una tendencia a la baja. Para entonces, Morales había sido reelecto por primera vez bajo la Constitución de 2009 y poco después había comenzado a escudriñar legalmente una segunda postulación.
La vía posible era un referéndum para la modificación de la Constitución. La idea no le fue favorable a Morales; el 51,3% de los electores le dijo No.
El afán reeleccionista de Morales había dividido al país y permitió la irrupción de la oposición. Pero aquel porfió de nuevo y el Tribunal Constitucional le permitió postularse por una segunda ocasión.
Así llegó a 2019, cuando, crecida la oposición, se cortó abruptamente su mandato y dio paso al golpe de Estado que apadrinó a la senadora Jeanine Áñez.
Morales se asiló en México y luego en Argentina, desde donde impulsó la candidatura de su otrora ministro Luis Arce.
Con Morales jefe de campaña desde Buenos Aires, Arce y David Choquehuanca fueron capaces de recuperar el gobierno para el Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones de 2020. A un costo: abstraerse de un deslegitimado Morales.
Al llegar al poder, Arce también ignoró a los cuadros políticos del expresidente para la conformación de su gobierno.
Fue el inicio del fin. Recelo latente, Morales también supo que Arce no solo sería un presidente de “transición”. Hasta que en septiembre de 2022 se rompió todo.
A partir de entonces, Morales pasó a liderar poco a poco la oposición. Denunció un “plan negro”, acusó al gobierno de Arce de corrupción y proteger al narcotráfico.
En la Asamblea Legislativa, el MAS se partió en facciones evista y arcista, que se convirtieron en duras fuerzas opuestas, al punto de frenar la aprobación de leyes y afectar la gobernabilidad de Luis Arce.
Afuera, Morales impulsó el paralelismo de las organizaciones sociales que, en los últimos bloqueos, desnudó su escasa fuerza y débil capacidad de convocatoria.
En tanto, el gobierno de Arce arremetió con la persecución penal, de la que no se salva ni Morales, que ahora está acusado en un caso de presuntos estupro y trata.
Sin opción electoral y despojado de la jefatura del MAS, por decisión del Tribunal Constitucional, para variar, Morales juega sus últimas cartas este viernes en un ampliado “que definirá el futuro del país”.
Así, el MAS está intubado en puertas de las próximas elecciones y el “proceso de cambio” hace aguas. Resta saber si su encumbrado jefe, Grover García, será capaz de devolverle legitimidad y recomponerlo para las próximas batallas políticas.
Rubén Atahuichi es periodista
