Rolando Andrés Zambrana cumple una condena de 30 años en la cárcel de El Abra por el delito de feminicidio. Hace unos días, desde el penal cochabambino, se contactó con su expareja, a la que le prometió saldar tres meses de pensiones para la hija que tienen juntos. Ella acudió a visitarlo el 12 de octubre y dentro del centro penitenciario, a ojos y oídos de internos, visitantes y policías, el recluso violó a la muchacha, le desfiguró el rostro, trató de sacarle los ojos, le echó combustible incluso en las partes íntimas y le prendió fuego. Ella se debate entre la vida y la muerte. ¿Por qué Zambrana hizo esto? Porque puede.
Sin duda se trata de un hecho monstruoso. Pero no todos los violadores son “monstruos”: seres que no tienen nada que ver con la sociedad y que salen de una cloaca para matar a mujeres sin sentido. Enfermos que de ninguna forma tienen nada que ver con nosotros, que somos buenitos. ¿Entonces cómo se explican que pueda suceder esto en una cárcel de máxima seguridad? Porque hay cómplices, no solo reclusos, sino también policías, y autoridades; sin duda muchos de ellos padres amorosos y trabajadores… ¿Monstruos? No, lo que pasa es que esta sociedad da visto bueno a la violación. ¿Estoy exagerando? No lo creo, sobre todo cuando escucho que la población aplaude y confía en los mismos presos como justicieros cuando violan a un sospechoso de violencia sexual, por ejemplo, sobre todo cuando el caso está publicitado en los medios. Es una sociedad que cree fervientemente en que violar, en algunos casos, está bien. Violación correctiva, le dicen.
Y es ahí donde entran los jueces, los abogados y los fiscales que dejan impunes a los violadores por dinero o por tecnicismos torcidos a voluntad. Es ahí donde entran los policías que extorsionan a las afectadas, que hacen caso omiso cuando la agredida es una trabajadora sexual o una persona LGBTIQ+, porque, claro, para qué se exponen, quién les manda a tener “esa vida”. Y también entran los médicos y personal de salud que, pese a haber protocolos, siguen culpabilizando a la víctima e impiden que pueda cumplirse la Sentencia Constitucional 0206, declarando que son objetores de conciencia, que las mujeres violadas y las niñas deben ser obligadas a ser madres.
Cómo no hablar de una sociedad que avala la violación si, sin ningún tipo de pruebas reales más que la frase “a un amigo lo han denunciado injustamente”, legisladores y autoridades pisotean los registros, la información que está documentada, para dudar de la víctima o, por lo menos, juzgarla. Cómo no hablar de una sociedad violadora si la víctima siempre será señalada por los vecinos, los compañeros del curso, la gente del trabajo, todos “gente buena”… ¿Por qué se fue con él? ¿Por qué toma? ¿Por qué se viste así? ¿Por qué sale sola?
Por eso, cuando escucho a otros hombres decir “no todos somos violadores”; primero, me sorprende la puntualización. Es como llegar a una cena y aclararles a los comensales: “Por si acaso, no todos somos ladrones”. Si hay necesidad de aclarar, es porque algo anda mal por ahí. Y en segundo lugar, porque todos formamos parte de esta sociedad, y si bien no estamos violentando con el cuerpo, de forma física, a una mujer, una niña, niño, adolescente u hombre, estamos siendo parte de alguna forma: por lo menos, con nuestra inactividad y nuestro silencio.
(*) Miguel Vargas Saldías es periodista, artista y comunicador social
