El país registra desde hace más de un año varias crisis simultáneas, que no están adecuadamente reconocidas ni priorizadas, y mucho menos enfrentadas mediante una estrategia integral que incluya los eslabonamientos de causalidad y las correspondientes secuencias de tratamiento temporal. Es como si en las altas esferas del Estado se hubiera instalado una peculiar miopía estratégica, atribuible probablemente a precauciones políticas destinadas a proteger los intereses de los aliados efectivos y potenciales en las pugnas internas del MAS.
Basta recordar la insuficiente atención que han merecido los incendios forestales de los meses pasados, declarados tardíamente como desastre nacional, cuando el fuego cubrió una superficie mayor a 10 millones de hectáreas, de las cuales más de dos tercios se ubican en Santa Cruz, algo más de una cuarta parte en el Beni y el resto en los departamentos de Paz, Pando, Chuquisaca, Tarija y Cochabamba.
Dichos incendios y la sequía, que trae consigo una reducción inédita del caudal de los ríos, como ocurre en el propio Amazonas, se atribuyen por lo general a las altas temperaturas asociadas al cambio climático, sin darle la debida importancia a la quema deliberada del bosque con miras a la ampliación de la frontera agrícola para actividades agropecuarias de exportación, el tráfico ilegal de tierras y la ocupación de colonizadores.
Interesantes discusiones técnicas sobre los daños ambientales en gran escala por causa de los actuales incendios en América del Sur se realizarán seguramente en la próxima reunión del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP 16), que se llevará cabo la próxima semana en Cali (Colombia) con la participación de más de 190 países. Sin embargo, al igual que en las multitudinarias reuniones anuales sobre cambio climático, muy pocos son los compromisos concretos de financiamiento y asistencia técnica que se pueden esperar del mencionado evento.
Se trata, en el mejor de los casos, de un enorme auditorio para exponer las posiciones oficiales de los gobiernos y, eventualmente, las críticas correspondientes de parte de la sociedad civil, pero en raras ocasiones se perfeccionan mecanismos de cooperación efectiva entre los países y los organismos internacionales participantes. No obstante, podría explorarse una iniciativa conjunta de los países amazónicos con miras al establecimiento de un fondo financiero regional que atienda de manera expedita los graves daños infligidos a las poblaciones indígenas y a la biodiversidad por parte de los mencionados incendios.
Las consideraciones anteriores corroboran una vez más que, en términos estratégicos, el país requiere encarar más pronto que tarde la transformación del actual patrón de desarrollo extractivista y depredador de sus recursos naturales hacia un modelo de desarrollo de creación de valor, fundado en aumentos genuinos de productividad, robustas capacidades competitivas, justicia social y sostenibilidad ambiental. Una transición estructural de ese alcance requiere, por supuesto, una visión coherente de largo plazo y una efectiva reforma moral e intelectual, así como un amplio proceso de deliberaciones técnicas y políticas, respaldadas en evidencias empíricas y análisis críticos sobre los resultados de las políticas aplicadas por los gobiernos del MAS en los 20 años pasados. También son imprescindibles investigaciones críticas y análisis académicos sectoriales de alta calidad, en cuanto soportes intelectuales de la necesaria planificación participativa del Estado.
Por último, es un requisito primordial contar con interpretaciones desideologizadas sobre la reconfiguración del orden internacional, resultante de la revolución tecnológica, la transición energética global, los conflictos geopolíticos, la carrera armamentista y la competencia espacial, que en conjunto determinan la dinámica de los mercados de minerales y otros insumos estratégicos que interesan a Bolivia.
Horst Grebe López es economista
