En 2009, Bolivia aprobó su Carta Magna como Estado Plurinacional, un texto progresista para la región por la centralidad de los pueblos originarios en el reconocimiento de la diversidad cultural y étnica sin desplazar a las élites que dominaron el escenario político, buscando un piso parejo o al menos cerrar la brecha de desigualdad en la representación nacional y local.
Otro aspecto destacable fue la inclusión de derechos y libertades ciudadanas en torno a las mujeres, particularmente en el tema de los derechos sexuales y reproductivos.
Destaca en el texto jurídico la denominación de Bolivia como un Estado laico, concepto que separa la política de la religión y reconoce la legitimidad política del Estado sin invocar ninguna fuerza o presencia moral o sobrenatural superior. La definición del Estado laico también implicaba que ninguna iglesia, grupo particular o líder carismático proclamará sus valores sagrados o morales como superiores al Estado e intentará imponerlos a toda la sociedad boliviana. La definición del Estado laico es relevante jurídicamente porque coloca el tema plurinacional sin menoscabo de algún grupo y es central para la defensa de los derechos de los ciudadanos frente a las iglesias o grupos que intentan coartar la libertad desde marcos morales unilaterales.
Con esta explicación podemos decir que Bolivia es un Estado laico. La respuesta en parte es negativa debido a contradicciones en el propio texto que invoca como fundamento del Estado Plurinacional tanto a la Biblia como a la figura de la Pachamama. Es cierto que la decisión fue hacer inclusivo la trayectoria histórica de este país, pero esta ambigüedad o, mejor dicho, esta idea de inclusión simbólica extensa tendrá su punto crítico cuando en 2019 se invoca a la Biblia desde Palacio Presidencial y afuera se enarbola la Wiphala como antagonista.
Otro punto que hace que la respuesta sea en parte negativa es el hecho de no institucionalizar aun los mecanismos de la laicidad que garanticen el cumplimiento de políticas públicas sin que las creencias de funcionarios públicos bloqueen los programas como en salud sexual o reproductiva o cuando en 2022 la Defensoría del Pueblo denunció ausencias legales para el reconocimiento y ejercicio de identidades sexo-genéricas.
Para rematar la respuesta a la pregunta del texto, podemos señalar la dificultad de la laicidad del Estado para regular los discursos de superioridad moral de los actores políticos en contextos de alta polarización. La falta de una cultura política de diálogo y de encauzamiento de conflictos hace que los discursos morales prevalezcan y que los grupos morales e iglesias tomen partido en contextos de crisis con el posterior cobro del respaldo moral si es que se gana la batalla.
Bolivia de jure es un Estado laico, pero falta concretarla en sus instituciones, sobre todo en la cultura política que permita resolver los conflictos sin invocaciones morales superiores.
Felipe Gaytán Alcalá es doctor en Sociología y profesor investigador de la Universidad La Salle
