El ajusticiamiento a mano propia no es algo nuevo en nuestro país. Sin embargo, en anteriores semanas, la población se asombró ante el linchamiento perpetrado por los comunarios de Ivirgarzama en el Trópico chochabambino, contra tres hombres acusados de secuestro y otro tipo de delitos.
Lo particular de este caso no se relaciona únicamente con la brutalidad de las agresiones contra esas personas, en el entendido de que a pesar de ser culpables —o no— de un hecho ilícito, ello no los despoja de sus derechos fundamentales, ni de las garantías establecidas por la ley para todo ciudadano. Lo alarmante fue el hecho de que se encontraban bajo la custodia de la Policía y fueron extraídas de las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) mediante el uso de la fuerza física, que fue utilizada para reducir a los efectivos policiales, extraer a los detenidos y someterlos en vía pública a agresiones, humillación y, finalmente, al linchamiento.
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De acuerdo con lo establecido por la Constitución Política, en su artículo 251, parágrafo I: “La Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano.” Por ello, en el momento en que un grupo de comunarios —sea de cualquier lugar del país— sobrepasa a la institución estatal encargada de detentar la fuerza pública y se atribuye el ajusticiamiento y la sanción de manera tan abrupta, significa que en definitiva algo está fallando.
Sin bien la justicia comunitaria es válida y se practica hace mucho tiempo en el país, ha sido utilizada en diversas ocasiones para justificar la vulneración de derechos, ya que existen precedentes en los que se ha procedido al linchamiento de inocentes, constituyéndose como uno de los recovecos del ajusticiamiento por mano propia la alta probabilidad de cometer un delito y no así establecer justicia o la reparación sobre el daño causado.
A pocos días de lo sucedido en Ivirgarzama, en Tolata, otra de las poblaciones de Cochabamba, se produjo un nuevo linchamiento, con dos hombres sometidos a una brutal golpiza, uno de ellos falleció por las agresiones físicas. Estos dos últimos linchamientos en Cochabamba evidencian —una vez más— una clara ruptura entre la población y la administración de justicia en el país. Parece urgente comenzar con un análisis serio y buscar un abanico de soluciones para posibilitar —de una vez por todas— el acceso oportuno a la Justicia en todas sus instancias, dado que en la actualidad, el ciudadano común prefiere arriesgarse a vulnerar derechos fundamentales (como el derecho a la vida, a la salud, entre otros) y enfrentarse a cualquier presunto o flagrante delincuente, antes que confiar o recurrir a cualquier institución competente para que se emita una sanción o reparación al daño causado.
Cumplir y hacer cumplir las diferentes competencias de las instituciones nacionales es primordial en el momento que uno o varios grupos de personas se atribuyen la potestad de sancionar o ejecutar sanciones con extrema celeridad, por encima de los órganos que por ley detentan esa atribución. Bajo las circunstancias en las que se dieron los mencionados linchamientos, no debería ser una opción guardar silencio y actuar como si los derechos fundamentales fueran parte de la ornamentación de un edificio contemporáneo. No solo es tarea de la Defensoría del Pueblo alzar la voz cuando se trata de la defensa de derechos y garantías. Mañana, cualquiera de nosotros podría ser sometido con o sin razón a un linchamiento.
(*) Pamela M. Quino Montenegro es abogada e investigadora
