Se fue 2024, quizás uno los más difíciles de los últimos años luego del golpe de 2019 que muchos políticos que dicen ser demócratas intentan blanquear. El que se fue tuvo una serie de contradicciones en relación a la Constitución, que mermaron de forma crucial la democracia. A saber:
Este año, caracterizado por miserables disputas en el Movimiento Al Socialismo (MAS) y sus consecuencias en la gestión de los órganos Legislativo y Ejecutivo, comenzó con magistrados y consejeros electos en 2017 prorrogados por una maniobra política e institucional que rompió con su mandato constitucional de seis años improrrogables. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con los suprapoderes que se atribuyó, halló un resquicio en la ineptitud o la coartada de algunas facciones de la Asamblea Legislativa —que no lograron en un año encaminar las elecciones judiciales de 2023— para emitir la Declaración Constitucional 049/2023 que prorrogó el mandato de magistrados y consejeros, que terminaban su gestión el 31 de diciembre de 2023, hasta nuevo aviso mientras concluyan las elecciones judiciales, finalmente llevadas a cabo.
Electos los magistrados del TCP y del Órgano Judicial, el desafío es enorme. A sabiendas de que su elección no fue crucial en relación a la necesaria reforma judicial —a la que le hizo una serie de gambetas el exministro de Justicia Iván Lima— y ante la necesidad extrema de reordenar la institucionalidad del país y devolverles a los bolivianos el acceso a la justicia, los ahora magistrados y consejeros deben comenzar a cumplir con su palabra empeñada en la difusión de méritos propiciada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y en la propaganda callejera y en redes sociales que pudieron hacer de contrabando.
Especialmente a los magistrados del TCP les corresponde reencauzar y limitar sus competencias para no interferir en las de otros órganos del Estado, como lo hicieron de manera sucesiva. Su tarea tendrá que comenzar en casa.
En esa elección, solo 19 de 26 cargos fueron renovados. En relación al TCP, hay dos casos especiales, los aún magistrados Gonzalo Hurtado e Yván Espada, que, se supone, convivirán con los electos el 15 de diciembre. Se trata de dos magistrados con cuyas firmas fueron desordenadas y violentadas las competencias del TSE en los casos de las elecciones judiciales y la situación interna del MAS respecto de sus congresos paralelos.
De manera sucesiva, Hurtado y Espada se ocuparon de frenar, a través de sentencias y autos, las elecciones recientes al punto de obligarlas a que sean parciales y así reservarse su prórroga más allá de los comicios.
Esta su condición fue alimentada por la incapacidad de la Asamblea Legislativa de, primero, entregar al TSE una lista incompleta y poco pulcra de postulantes, y, segundo, de no aprobar un mecanismo que resuelva la situación de parcialidad de las elecciones pasadas o terminar con el mandato de los prorrogados luego de esos comicios. Dirán que aprobaron el Proyecto de Ley 075 con ese fin, pero se sabe que esa decisión fue política y manipulada, que no tuvo el efecto que se esperaba.
En dos días, al iniciar el Año Judicial, los magistrados y consejeros electos deben plantear un giro de timón. Si bien no pudo avanzar la ansiada reforma judicial, en sus manos estará cumplir esa tarea. Mucho tiempo esperaron los bolivianos una actuación de buena fe de los jueces, creyendo que impartirán justicia oportuna, transparente e independiente.
Aunque incompleta, la sala plena del TCP tendrá quorum suficiente para tomar decisiones cruciales; una de ellas deberá ser la anulación de la prórroga indefinida de los magistrados. Le harían un gran favor al país.
Rubén Atahuichi es periodista
