Lejos de alentar acuerdos mínimos y soluciones de compromiso, la polémica sesión del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que sancionó normas clave para el país, derivó en mayor distancia entre el gobierno de Arce y las tres bancadas de oposición. Ello traba el debate político plural y genera mayor incertidumbre. En lugar de diálogo, hay descalificaciones.
Sin asumir una pizca de su responsabilidad en la crisis institucional que afronta la ALP, casi paralizada y con escasa capacidad decisoria, el vicepresidente David Choquehuanca salió al ataque. Acusó a Camacho, Mesa y Morales de “capos de la troika extremista”, que se habrían aliado para un “intento de golpe”. Nada menos. “Atacan, amenazan, asaltan”, les dijo. Y atribuyó al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, la capitanía del operativo, al haber convocado a la sesión de la Asamblea.
Previamente, Choquehuanca derivó al Tribunal Constitucional Plurinacional la decisión sobre la validez de las normas aprobadas por el pleno, entre ellas la ley que dispone la cesación de los magistrados autoprorrogados. Consulta también sobre la competencia de Rodríguez. Era previsible. En lugar de enviar las leyes al Ejecutivo para su promulgación, el Vicepresidente las manda al TCP para su bloqueo. Es la forma del arcismo para evitar cualquier decisión de la Asamblea que no convenga a sus intereses.
Las respuestas a Choquehuanca fueron inmediatas. Lo acusaron de una “inédita e indignante sumisión política”, refiriéndose a su consulta al TCP. “Es como preguntarle al ladrón si se reconoce como ladrón”, dijo una senadora calificando de vergonzante la carta del Vicepresidente. Y se retrucó la idea de troika: “La única alianza existente en el tema judicial es la que se ha evidenciado entre Arce, Choquehuanca y los autoprorrogados”, señaló el opositor Carlos Mesa, de CC. “Un acuerdo espurio”, precisó.
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En medio de tales acusaciones de ida y vuelta, estamos nuevamente en fojas cero. La ley para cesar a los autoprorrogados será rechazada por los propios autoprorrogados, diciendo que ya la declararon inconstitucional; las elecciones continúan paralizadas y sin horizonte cierto, con operadores políticos que apuestan por su fracaso; y el Órgano Legislativo sigue en situación de atrofia decisoria y fiscalizadora, aunque se logran aprobar algunas normas, bajo presión, como ocurrió recién en Diputados.
Más allá de cómo se resuelva (o se entrampe) la cuestión judicial, estamos en un preocupante escenario de crisis político-institucional, a lo que se añade una situación de conflicto de poderes. Eso es crítico no solo para el Estado de derecho y la convivencia en democracia, sino también para afrontar la delicada situación económica y el riesgo de conflictividad social. Ojalá todos los actores relevantes logren acuerdos mínimos para transitar la crisis en vez de agitar bloqueos de todo tipo para atizarla.
