La retención injustificada de ocho créditos por parte de la Asamblea Legislativa, con un valor combinado de $us 663,4 millones, ha causado un perjuicio económico significativo al país. Esta situación se agrava al considerar que la mitad de estos créditos fueron remitidos durante la gestión 2023, siendo el más antiguo enviado por el Ejecutivo en febrero.
El estancamiento de estos préstamos, destinados a obras de infraestructura, programas sociales y respuesta a emergencias, ralentiza la reactivación económica y el desarrollo. Estos fondos están dirigidos a sectores estratégicos, como el desarrollo de infraestructura de transporte y energía, entre otros, esenciales para el progreso de Bolivia.
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El costo de oportunidad de mantener estas líneas de crédito congeladas en el Legislativo es alarmante. Cada mes de retraso implica la postergación de inversiones productivas que podrían impulsar el crecimiento del Producto Interno Bruto, generar empleo y mejorar la competitividad del país.
Resulta especialmente preocupante el caso del “Préstamo de Apoyo de Emergencia para la Respuesta al COVID-19” por 15.000 millones de yenes ($us 100 millones aproximadamente) ofrecido por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA). Este financiamiento, está diseñado para fortalecer los sistemas de salud y mitigar los impactos socioeconómicos de la pandemia, que aunque ya pasó dejó secuelas en nuestro país, porque los recursos públicos destinados a salud debieron ser canalizados a contrarrestar el avance del COVID-19, desplazando a un segundo plano otras atenciones; este crédito se encuentra estancado en el Senado y fue remitido a la Asamblea en abril de 2023, hecho que demuestra el desinterés y la poca voluntad política por parte de nuestros legisladores.
Desde una perspectiva económica, es crucial destacar que este préstamo ofrece condiciones sumamente favorables, siendo que la tasa de interés del 0,01% ofrecida por JICA, representa prácticamente un regalo en comparación con las tasas comerciales vigentes.
Cada día que pasa sin acceder a estos recursos, Bolivia pierde la oportunidad de optimizar el presupuesto y reasignar el resto de los ingresos a otras áreas prioritarias como educación, infraestructura o desarrollo productivo, entre otras. Rechazar o demorar este tipo de financiamiento extremadamente barato es un error costoso para las finanzas públicas que impacta de manera negativa al boliviano de a pie.
Por otro lado, los retrasos en la aprobación de créditos para proyectos viales, de transporte urbano y eficiencia energética también tendrán un impacto negativo en la productividad y competitividad a mediano y largo plazos, hecho que ya venimos sintiendo en nuestro día a día. Las deficiencias en infraestructura elevan los costos logísticos, dificultan la conectividad y frenan el potencial de crecimiento económico sostenible y nos vuelven un país menos atractivo a inversiones. Cada día de retraso implica costos hundidos que el país no puede permitirse, especialmente en el contexto económico mundial actual que denota una desaceleración e inflación cuyo impacto repercute en mayor medida en países en desarrollo. Es hora de que nuestros legisladores superen las diferencias políticas y actúen con responsabilidad fiscal hacia la población, desbloqueando estos créditos estratégicos.
(*) Paola Quino Ramírez es economista
