1994, la violencia contra las mujeres era un tema privado con normas jurídicas que impedían denunciar a los agresores. En ese entonces, el artículo 276 del Código Penal establecía que “no se aplicará ninguna (sanción) cuando las lesiones fueren leves y hubiesen sido causadas por los cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos, afines en línea recta, cuñados, cuando vivieren juntos”. Es decir que todo debía quedar oculto, los golpes, insultos, la violencia era un tema que se debía solucionar entre cuatro paredes, en otras palabras que las mujeres estaban obligadas a aguantar y los hombres tenían licencia para agredir porque era parte de su naturaleza. Todo esto era así hasta que las demandas de los grupos feministas ganaron con su lucha constante y se promulgó la Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica promulgada en diciembre de 1995.
En 2000 se hizo un estudio sobre 7.307 casos denunciados, obteniendo los siguientes resultados: 93% correspondían a violencia intrafamiliar; 42% a violación o intento de violación; 1,7% a homicidio o intento de homicidio (no existía la tipificación de feminicidio) y el 3% a tortura, abandono de mujer embarazada, prostitución, secuestro, acoso sexual e incesto.
Dos años después de este estudio, el 8 de abril de 2002, se dio un hecho histórico, el primer juicio oral con sentencia condenatoria por un delito de violencia intrafamiliar. Se trataba de María (nombre supuesto), que estaba separada de su esposo, quien la agredía constantemente tanto física como psicológica y sexualmente. Tuvieron cinco hijos, testigos de esa situación de violencia. Estos niños fueron quienes presenciaron la noche que su padre se presentó en la habitación donde María vivía con sus hijos y comenzó a golpearla. La hija de nueve años relató en el juicio: “Cerré mis ojos… mi papá le agarró del cuello, sacó su estilete y le metió en el cuello… Golpeé la pared del tumbado, nadie me hizo caso…”
Seguramente ahora se conocen testimonios muy desgarradores tanto de las víctimas como de los hijos que presencian estas situaciones de violencia. Pero en 2002, cuando se dio este primer juicio con sentencia de ocho años de cárcel para el agresor, todo era muy nuevo, impactante, muestra de gran valor de parte de la víctima que se animó a denunciar y llevar adelante toda la acción legal hasta conseguir la sentencia. Luego María se hizo cargo de su vida, de la de sus hijos, consiguió trabajo pese a las marcas que aún tiene en la cara y cuello por los cortes que le produjo su expareja. Fue larga la lucha por conseguir que la violencia contra las mujeres no sea consentida, aceptada por la sociedad como algo natural que no merecía castigo ni tampoco necesitaba de perdón porque no había ningún delito, ni siquiera algo que merezca compasión.
Ahora es distinto, se debe seguir avanzando, la violencia no es natural.
Lucía Sauma es periodista.
