Cuando llamo para saber cómo está mi familia en Puerto Rico, mi mamá, como siempre, me dice que: “Estamos bien”. Sin embargo, estar bien significa que tuvo que tirar la compra a la basura luego de días sin electricidad. El supermercado de su vecindario cerró por escasez de diésel, y se está bañando con un balde durante una ola de calor. Cuando le pregunto si necesita algo, me responde con una sola palabra: esperanza.
¿Por qué cinco años después de que el huracán María devastó la isla, la infraestructura de Puerto Rico estaba tan poco preparada para el huracán Fiona, una tormenta de categoría uno? ¿Por qué una red eléctrica recién privatizada colapsó después de unas pocas horas de lluvia? ¿Por qué puentes recién construidos se desbarataron tan fácilmente? ¿Por qué aún hay tanta gente sin electricidad? ¿Y por qué mi mamá perdió la esperanza de que las cosas vayan a mejorar pronto?
Parte del problema es que la velocidad de la gestión de emergencias no se ha adaptado al cambio climático. Antes, el alcance de una catástrofe natural no se superaba en décadas, pero las tormentas que baten récords se han vuelto más frecuentes, y los esfuerzos de recuperación se están quedando atrás. Las iniciativas de gestión de emergencias a menudo tienden a enfocarse en la respuesta inmediata y en dar refugio provisional y otras necesidades, sin una estrategia a largo plazo. Los puertorriqueños nos merecemos algo más que curitas y parchos a ser arrancados en el siguiente desastre. Necesitamos soluciones a largo plazo. Igualmente, necesitamos y merecemos una recuperación más veloz. En los primeros meses de la pandemia de COVID, la asistencia económica fue tramitada por el gobierno federal con poca fricción burocrática porque había un claro sentido de urgencia. La misma urgencia debe aplicarse a la atención de un desastre natural.
Se ha documentado ampliamente que la burocracia de por sí lenta para recibir ayuda federal se retrasó después del huracán María en Puerto Rico, pero es importante señalar que los solicitantes también fueron objeto de un escrutinio excesivo. Un informe publicado hace poco por parte de la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos mostró que FEMA impuso requisitos innecesarios a los residentes puertorriqueños. Luego del paso del huracán María, se les negó ayuda a cientos de miles de familias en la mayoría de los casos porque no podían proveer el título de propiedad de sus hogares, aunque éste no es un requisito para obtener ayuda y varios otros documentos pudieron haberse aceptado.
Al final, solo el 40% de los hogares que solicitaron la ayuda de FEMA tras el huracán María recibieron algún apoyo, y solo poco más del 1% recibió el pago máximo. Eso no toma en cuenta a los miles que no pudieron solicitar la ayuda porque se perdieron en el laberinto burocrático.
FEMA también siguió procedimientos excepcionales en Puerto Rico que no se usan en los 50 estados, con el propósito de facilitar la recuperación y poder implementar mejoras de construcción. Esos procedimientos terminaron siendo innecesariamente burocráticos y onerosos para los gobiernos locales, lo cual provocó retrasos en la construcción de infraestructura esencial.
De manera similar, la Ley Jones retrasó la llegada de suministros de emergencia como el diésel e infló sus costos en un momento de necesidad crítica. Algunos creen que exigir un trato igualitario para Puerto Rico tras los desastres es la clave para resolver sus problemas actuales, pero igualdad no es lo mismo que justicia. Y en todo caso, sabemos que, incluso dentro de los 50 estados, la ayuda por desastres no está exenta de desigualdad estructural.
Como sucedió después del huracán María, los líderes comunitarios intervinieron para llenar los vacíos que dejó el gobierno. Las organizaciones de ayuda a nivel local reemplazaron las lonas azules distribuidas por FEMA con techos y compraron e instalaron microrredes solares, lo que ha fomentado la esperanza que las personas como mi mamá necesitan con tanta urgencia.
Pero más vale que los cambios grandes lleguen pronto. Los puertorriqueños ya estamos hartos de tener que ser resilientes. Estamos cansados de celebrar nuestra capacidad de aguante, de ser creativos ante la adversidad y de sobrevivir a pesar del abandono estatal. Luego de María, nos unimos en un espíritu de recuperación, pero ya no podemos cargar con el peso. Las tormentas seguirán llegando y no se puede esperar que nos levantemos solos. Necesitamos que nuestra infraestructura gubernamental sea tan resiliente como nosotros nos vemos obligados a ser.
Yarimar Bonilla es columnista de The New York Times.
