Con miras a ordenar los argumentos relacionados con las fechas críticas del Censo de Población y Vivienda es preciso destacar primero la fecha en que se lleva a cabo el empadronamiento y segundo, la fecha en que se dan a conocer oficialmente los resultados correspondientes.
Dichos resultados tienen prioridades diferenciadas para los distintos actores políticos, regionales, institucionales y académicos, entre otros. Por lo que puedan revelar para unos y ocultar para otros.
Desde la perspectiva de los partidos políticos, los resultados del Censo proporcionan la base de cálculo que aplica el Órgano Electoral para la determinación de los escaños que corresponden a los departamentos según su número de habitantes, incluyendo además por razones de equidad un número mínimo de escaños a los departamentos con menor población y menor grado de desarrollo económico.
Desde el punto de vista de las autoridades de las entidades municipales autónomas, su interés prioritario estriba en la distribución de los recursos de coparticipación tributaria según su población, además de otras variables determinadas mediante un ejercicio de concertación nacional y regional, que tome en cuenta las competencias de cada nivel estatal.
Los temas de la distribución de recursos tributarios y de los escaños camarales son políticamente sensibles y es comprensible que las diferentes organizaciones políticas tengan un marcado interés en que los resultados del Censo estén oficialmente disponibles en una fecha adecuada para la incorporación de los nuevos parámetros en las elecciones generales de octubre de 2025. El oficialismo y las oposiciones políticas difieren ciertamente en este aspecto, puesto que las proyecciones disponibles en la actualidad muestran claramente el considerable aumento de la población urbana, lo que exige corregir los sesgos que han dado lugar a una sobrerrepresentación rural en la composición de la Asamblea Legislativa; y lo mismo vale para los cambios en el número de escaños entre los departamentos que pierden población y los departamentos que la incrementan.
Los resultados del Censo permitirán también establecer las diferentes brechas en cuanto a la calidad de las viviendas y la disponibilidad de agua potable, electricidad y alcantarillado, así como los niveles educativos, las condiciones de salud y el acceso a otros servicios como la conexión a internet, entre otras cosas.
Se supone que toda esta información establece las prelaciones y los objetivos correspondientes para la gestión de las políticas públicas, y constituye un insumo para los programas políticos, cuyas diferencias estriban mucho menos en términos de lo que se pretende lograr y se refieren más bien a cómo lograrlo, con qué políticas y con el concurso de qué tipo de actores.
Las organizaciones de la sociedad civil constituyen otro importante actor interesado en los resultados fidedignos del Censo, puesto que podrán contar con criterios objetivos para evaluar la eficacia de sus programas en los diferentes ámbitos del desarrollo social.
Sería largo enumerar a todos los gremios, grupos y estamentos interesados en los resultados oportunos del Censo para acomodar la programación de sus actividades. Me limito a señalar la importancia de la información oportuna para la preparación adecuada del Bicentenario de la Independencia.
El proceso del Censo en sus diferentes etapas depende de la calidad profesional y organizativa de la entidad ejecutora, por una parte, y de la cuantía de los recursos presupuestarios disponibles, por otra. Las fechas críticas son más o menos flexibles en función de la inclusión de dichas condiciones en los respectivos diálogos en curso.
Y es en dichos aspectos donde encuentro los mayores vacíos de información y falta de transparencia. Se deben a mi entender a la colocación subordinada del INE en el tercer nivel de la jerarquía administrativa del Órgano Ejecutivo.
Horst Grebe es economista.
