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La otra cara de la moneda

Uno de los objetivos del “buen vivir” apunta a lograr una sociedad justa e igualitaria para personas de cualquier género, que permita a nuestra humanidad seguir adelante, aprendiendo de nuestros errores para vivir bien, sin violencia, en igualdad, respeto, paz y armonía. Es indudable que existe una ola de feminicidios en el país y el […]

TRIBUNA
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Por Miguel Kavlin
TRIBUNA
La Paz / noviembre 9, 2022
en Voces

Uno de los objetivos del “buen vivir” apunta a lograr una sociedad justa e igualitaria para personas de cualquier género, que permita a nuestra humanidad seguir adelante, aprendiendo de nuestros errores para vivir bien, sin violencia, en igualdad, respeto, paz y armonía.

Es indudable que existe una ola de feminicidios en el país y el mundo, que deben ser evitados, prevenidos y castigados. También es indudable que se han cometido excesos y que hombres inocentes han sido injustamente acusados con fines perversos y a veces extorsivos.

La Ley 348 se presta a la manipulación y el abuso para perpetrar injusticias por parte de personas manipuladoras y codiciosas que pretenden usurpar de sus maridos o cónyuges sus legítimos bienes, o no dejarles ver a sus hijos, acusándolos de violentos sin razón.

Ser un hombre acusado falsamente, expulsado de su hogar, violentado por un proceso legal y difamado en redes sociales, y destruido emocional, física, mental, social y mediáticamente es también ser víctima de violencia doméstica, llevando a algunos inclusive al suicidio o la extrema depresión.

El daño que se hace con estos excesos lastima no solo al acusado y sus familias —incluidas entre ellas muchas mujeres, madres, hermanas, hijas, etc.—, sino también a la misma causa de la efectiva protección de las muchas mujeres verdaderas víctimas de violencia.

Las capacidades del aparato judicial, que debería utilizar sus recursos, tiempo y esfuerzo para prevenir feminicidios, están siendo malgastados por denuncias falsas de mujeres que en vez de ser víctimas, en realidad son perpetradoras de extorsiones, que saturan un sistema que no da abasto.

Por otro lado, como si el trauma ocasionado por las acciones legales no fuera suficiente, plataformas de apoyo a la mujer activan campañas mediáticas por redes sociales que en vez de informarse sobre los casos, amplifican difamaciones y mentiras de mujeres extorsionadoras sin ejercer la más mínima debida diligencia investigativa para discernir los hechos; se basan en el supuesto derecho al “escracheo” y dicen siempre creer a la “víctima”, sin discernir verdaderamente quién es la víctima en cada caso específico; inclusive proclaman que el hombre jamás puede ser víctima, lo que indudablemente es absurdo. Sin escrúpulos ni consideraciones se organizan, blanden a los cuatro vientos la bandera de “muerte social” y linchan mediáticamente a hombres injustamente acusados, violando su derecho a la defensa, sin darles oportunidad de demostrar su inocencia. Eso a la larga desprestigia y malgasta su capital de credibilidad y la buena voluntad del público en general.

En cuanto para algunos movimientos y plataformas feministas, destruir la vida de un hombre inocente representa un daño colateral aceptable para su causa, en realidad esa causa pierde completamente su legitimidad porque si los inocentes de cualquier género no son protegidos y defendidos, ¡entonces nadie lo es!

La ley permite que un acusado masculino sea expulsado de su hogar y legítima propiedad sin ninguna investigación previa, y que sea asesinado mediáticamente sin derecho a defenderse, ya que las “garantías” que ofrecen a la acusadora impiden al acusado decir absolutamente nada en su defensa. Incluye también tantas causales psicológicas de violencia que más que proteger a las víctimas, fomentan acusaciones falsas.

Se ha creado en la práctica un sistema y una red de extorsión compuesto por abogados, influencers, psicólogas, periodistas y algunas autoridades que se prestan para esto, a sabiendas de que son acusaciones falsas e injustas, a cambio de un rédito económico con la promesa de un porcentaje de lo que pueda conseguir la acusadora.

Todo lo mencionado violenta la presunción de inocencia y la igualdad de cualquier sujeto jurídico ante la ley, estipuladas en la Constitución Política del Estado y que se deberían garantizar a todos los ciudadanos de cualquier género.

Personas de todo género somos seres sintientes, muchas veces vulnerables y frágiles, que merecemos el debido respeto y consideración, tanto por el sistema legal como por el trato que nos dan otras personas, los medios y los movimientos sociales.

Seguir demonizando a todos los hombres no aporta a la causa de prevenir feminicidios y humanizar nuestro mundo para formar una sociedad viable, justa y armoniosa.

Miguel Kavlin tiene una maestría en ciencias políticas y sociales. Es chamán y guía espiritual, fundador de la comunidad de sanación ancestral Sacha Runa.

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