Recientemente el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, declaró que “en Santa Cruz, el que manda es el cruceño, el que vive y trabaja y la ha hecho grande. No vamos a permitir que nadie de otro lado venga a querer imponer nada en Santa Cruz”, aludiendo a las supuestas malas políticas nacionales del Gobierno y olvidando todo el valor generado por el Gobierno central históricamente en Santa Cruz.
Algunos como el señor Calvo también piensan que el sector agroproductor privado es eficiente, productivo e innovador y que el gobierno es malo, inepto e ineficiente.
Al respecto, Mariana Mazzucato, economista, tiene un libro llamado El valor de las cosas, el cual es una voz “diferente” en el terreno de la economía. El libro plantea ideas sobre cómo los gobiernos crean riqueza y cómo los grandes monopolios privados extraen los frutos de lo que siembran los gobiernos.
La autora pone en duda las historias de éxito de los empresarios privados altamente productivos que día a día generan millones de dólares; Google, por ejemplo. Mariana hace notar que el internet, el GPS, la pantalla táctil, SIRI y el algoritmo que utiliza esta empresa, han sido financiados por instituciones públicas. Es el gobierno el que arriesga, crea valor e innova, y Google la que genera ganancias.
En el contexto boliviano esta lectura es provocadora porque nos obliga a pensar en todos los esfuerzos del sector público en el sector empresarial agroproductor, entre otros.
En 1952, el Estado comenzó la construcción de la carretera Cochabamba- Santa Cruz, conectando por primera vez estos dos departamentos. A partir de esa carretera se abrieron las puertas para producir y sacar alimentos hacia el occidente del país y el extranjero.
Entre 1953 y 1994, el Estado propició la dotación de tierras, de las cuales el 51% son de Santa Cruz. Después, estas tierras fueron la base para obtener créditos productivos en los sectores del algodón y la soya.
Entre 1987 y 1997, el Estado boliviano trabajó las normas en la Comunidad Andina que establecen tratamiento especial y diferenciado a las exportaciones bolivianas, incluyendo a las exportaciones de soya. Resultado de estas gestiones, las exportaciones de soya y sus derivados hacia la CAN acumularon $us 17.576 millones entre 1990 y agosto de 2022.
Actualmente, el Estado otorga subvenciones a los precios de la gasolina y el diésel por un valor de $us 688,9 millones. Esto facilita a que exista estabilidad en los precios del transporte y en los costos de producción, incluyendo al sector agroproductor de Santa Cruz, que paga Bs 3,72 por litro de diésel, cuando a nivel internacional sobrepasa los Bs 8.
A pesar de los esfuerzos estatales, Santa Cruz no ha cambiado sustancialmente la dirección de su camino. La participación de la producción manufacturera sin alimentos en 1990 era 11%, y en 2019 continuó siendo 11%.
Sin embargo, Santa Cruz tiene potencial para la diversificación productiva. Para esto es necesario mayor participación del Estado en la economía, tanto a nivel central como local. A Santa Cruz le hace daño endiosar a sus empresas privadas y sus élites como la fuerza innovadora de su economía, arrinconando al torpe Estado para lo básico.
La realidad es que el sector agroproductor de Santa Cruz se ha caracterizado por recibir todo en bandeja de plata y hoy quiere declararse heredero de las joyas de la abuela olvidando los esfuerzos del Estado. Esta visión está perjudicando a Santa Cruz y por eso se requiere una dosis de un Estado más activo, con inversión estratégica para cambiar el timón de su economía extractivista.
Marco Gavincha es economista.
