Hace tres años, el régimen de Jeanine Áñez, en nombre de la “pacificación”, se estrenó con dos masacres. Contra el discurso oficial y sus repetidores mediáticos que hablaron de “fuego cruzado”, dichas masacres fueron certificadas en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tras una rigurosa investigación. Hasta ahora no hay justicia.
Dos días después de su autoproclamación como presidenta, Áñez y su gabinete emitieron el Decreto 4078, que eximía de responsabilidad penal a los militares que participen en operativos para “el restablecimiento del orden interno y la estabilidad pública”. Con ese decreto, fuerzas combinadas de las Fuerzas Armadas y la Policía dispararon a matar, realizaron ejecuciones sumarias y torturaron a población civil en Sacaba (15 de noviembre) y en Senkata (19 de noviembre). Fueron crímenes de Estado.
En aquel momento, oscuros personajes como los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López —hoy ambos prófugos de la Justicia boliviana—, justificaron los hechos con expresiones como “se dispararon entre ellos”, “ni una sola bala salió del ejército”, “iban a hacer volar la planta de gas”. Sus operadores mediáticos se ocuparon de difundir y legitimar semejantes falacias. Poco después, la propia Áñez agradeció a las Fuerzas Armadas porque “no dudaron en salir”, contribuyendo a la “pacificación”.
Luego de un informe preliminar de la CIDH (que desplegó una misión en el país el mismo mes de noviembre de 2019), un informe de la Defensoría del Pueblo y, en especial, el incuestionable informe del GIEI, hoy no queda ninguna duda de que hace tres años hubo dos masacres en Bolivia. La intervención de las fuerzas militares y policiales, pues, al amparo de la “cobertura legal” de un decreto, no marcó ninguna “página gloriosa” (sic) en nuestra historia, sino una oprobiosa acción con delitos de lesa humanidad.
Así las cosas, resulta incomprensible por qué hasta el presente, transcurridos tres años, todavía no se haga justicia con procesos que establezcan responsabilidades y sanciones por las masacres de Sacaba y Senkata (20 muertes y decenas de heridos). Era previsible que durante el año de gobierno de Áñez los operadores del sistema judicial, bajo intimidación y amenazas del régimen, paralizaran las diligencias. Pero incluso con el nuevo gobierno democrático los casos continúan divagando en etapa preparatoria.
Está congelada también en la Asamblea Legislativa la proposición acusatoria por las masacres. El ambiguo posicionamiento del oficialismo y, en especial, el veto de las bancadas de Mesa y Camacho, han impedido la mayoría especial requerida para autorizar un juicio de responsabilidades contra Áñez. Es deplorable. Así, tres años después, la justicia no llega, no hay reparación para las víctimas, ni tenemos garantía de que nunca más habrá una masacre en Bolivia. Con impunidad no hay democracia.
