Los derechos humanos constituyen un patrimonio común de la humanidad, producto de la lucha de los pueblos. Nadie puede adjudicarse su invención y mucho menos su defensa exclusiva, pero el gobierno de Estados Unidos cree tener la patente y la autoridad moral de decir quién los respeta y quién no, qué está bien y qué está mal. Como si no supiéramos que se trata de un instrumento más de intervención, de presión y chantaje a los países de los que pretende obtener algo. Es un viejo ariete que tiene historia.
Comenzó en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial. América Latina no tuvo otra alternativa que adscribirse incondicionalmente a la órbita de Estados Unidos y de su doctrina de contención del comunismo, frente a la otra mitad soviética durante la Guerra Fría. La primera artimaña de la nueva potencia fue promover en México la Conferencia de Chapultepec, una reunión de cancilleres de 20 países realizada en marzo de 1945 “para asegurar la paz, seguridad y desarrollo… el hombre debe ser el centro de interés de todos los esfuerzos…” Cinco meses después, en agosto, lanzó sus bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, causando la muerte de 246.000 civiles.
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En abril de 1948, creó la Organización de Estados Americanos (OEA) para “afianzar la paz y seguridad del Continente, asegurar la solución pacífica de las controversias, defender la soberanía…” Siete meses después, en noviembre, apadrinó el golpe de Estado en Venezuela contra del presidente Rómulo Gallegos, que había sido democráticamente elegido. Un mes antes, en Perú, contra José Luis Bustamante. Seis años después, en contra de Jacobo Arbenz en Guatemala.
En agosto de 1959, la OEA empezó a usar palabras como “tiranía” y “opresión” en sus discursos y creó en Chile su principal órgano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), seis meses después del triunfo de la revolución cubana, en enero de ese año. Dos años más tarde, Cuba fue expulsada de la OEA y sometida al bloqueo económico por parte de Estados Unidos.
En 1979, se creó en Costa Rica la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en La Paz, Bolivia, el estatuto actual de la CIDH en una reunión de la OEA, a finales de octubre de ese año, sospechosamente horas antes de que Alberto Natusch Busch perpetrara el golpe de Estado y la masacre de Todos Santos, para evitar un juicio de responsabilidades contra Hugo Banzer, otro dictador apoyado por los norteamericanos durante la campaña de represión y terrorismo llamada Operación Cóndor, ampliamente respaldada por Estados Unidos, que sabía del golpe de Natusch como de todos los golpes en Latinoamérica que orquestó desde los años 50, bajo su Doctrina de Seguridad Nacional.
La CIDH tiene su sede en Washington y como miembros a 20 países de América, menos Canadá y Estados Unidos, principal donante y financiador de las actividades de este organismo, y el que aporta más de la mitad del presupuesto de la OEA. De este modo, dirige y monitorea cada una de las visitas de la CIDH a los países que serán evaluados, juzgados y posteriormente castigados por la Corte. A todos, menos a ellos.
Según la fundación Construir, hasta mayo de 2023 la CIDH había admitido 21 casos en contra del Estado boliviano, promovidos por diversos personajes, desde Manfred Reyes Villa hasta los protagonistas del caso Terrorismo, como Branko Marinkovic y los otros. Simultáneamente, en su último informe sobre Derechos Humanos, el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos dijo que en Bolivia hay tortura, detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de expresión, corrupción gubernamental, violencia y mencionó insidiosamente los nombres de Luis Fernando Camacho y Jeanine Áñez.
Estados Unidos, el mayor vendedor de armas en el mundo; el que tiene el mayor porcentaje de su población encarcelada; el que más guerras ha provocado en lo que va del siglo; el que tiene prisioneros sin juicio desde hace más de 20 años en Guantánamo, suelo que le arrebató a Cuba; el mayor instigador de golpes de Estado en Latinoamérica; el ladrón de territorios desde1848, cuando le quitó a México más de la mitad de su territorio; el verdadero terrorista, cómplice del genocidio en Palestina; el que tiene recursos ilimitados para destruir países, como Haití; el único en el planeta en usar bombas atómicas contra civiles… ¿Es el juez de los derechos humanos?
(*) Javier Bustillos Zamorano es periodista
