El huracán Fiona impactó el domingo 18 de septiembre por la mañana. Ya a las 13.00, la isla entera estaba sumida en la oscuridad. Días después, cerca de un millón de hogares en Puerto Rico seguían sin tener electricidad ni acceso a agua potable, entre ellas mi casa. Mientras escribo esto sentado en un café, no puedo evitar sentir una sensación agobiante de déjà vu.
LUMA Energy comenzó a suministrar energía a Puerto Rico luego de que el Gobierno privatizara en junio de 2021 lo que hasta ese momento había sido un servicio público. La compañía fue contratada para reparar nuestra débil red eléctrica. Sin embargo, LUMA no ha cumplido el trabajo por el que fue contratada, que incluye el compromiso de invertir en energía verde. En el último año, los apagones, que a veces pueden llegar a durar días, se han convertido en parte de nuestra vida cotidiana. Incluso los hospitales han tenido que depender de generadores. Sin embargo, a pesar del pésimo servicio, las facturas de electricidad se han duplicado.
En junio del año pasado, LUMA, un consorcio de la empresa canadiense ATCO y Quanta Services, ubicada en Houston, fue contratada para trabajar con la AEE (Autoridad de Energía Eléctrica) para gestionar la energía de la isla. Se suponía que iba a reducir los costos y realizar mejoras urgentes en la red eléctrica. Pero, a pesar de los apagones crónicos, este mes de junio pagué una factura del servicio eléctrico de 242 dólares, un enorme aumento en comparación con los 87 dólares que pagué en junio del año anterior. El asunto es que la mayor parte de la tarifa de LUMA por operar la red siempre se pagará sin importar si el trabajo se realiza bien o no. Hay escasa rendición de cuentas entre las partes involucradas en el acuerdo.
Sin embargo, hay motivos para tener esperanzas. Debido a que el Departamento de Justicia de Puerto Rico, responsable de hacer cumplir la ley, permite una impunidad rampante, Washington ha comenzado a prestar atención a la situación. Una investigación en 2019 realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que, tras el paso del huracán María, empleados de la AEE aceptaron o exigieron sobornos para restablecer el suministro eléctrico a residencias y negocios antes de atender lugares críticos como el Centro Médico de Río Piedras, en San Juan. La autoridad en materia de energía también administró de mala manera un almacén donde se resguardaban materiales que debieron haber estado disponibles para ayudar a restaurar la energía en la isla. Y durante seis años, se gastaron más de $us 300 millones de fondos públicos en consultores relacionados con la AEE.
Los puertorriqueños no deberían tener que depender del Gobierno de Estados Unidos para impartir justicia a nivel local. Nuestro propio sistema judicial debe erradicar la corrupción que amenaza con secar la isla. Eso podría hacerlo investigando y enjuiciando casos de corrupción para demostrar, que la isla puede por sí sola tomar las riendas de la justicia. Debería exigir que el gobierno federal lleve a cabo una reestructuración fiscal que establezca garantías que frenen la corrupción.
Lo más terrible de todo es que es nuestra propia gente la que nos roba y abusa de nosotros. La traición es tan maliciosa que me enoja tanto si pienso mucho al respecto. Estamos hartos de ser desplazados por extranjeros adinerados que acuden en masa a la isla para disfrutar de nuestras playas y obtener exenciones fiscales a las que no tenemos derecho. Estamos cansados de que los políticos se enriquezcan a nuestra costa. Estamos hartos de los apagones.
Después del paso del huracán, mis vecinos y yo nos contactamos para ver si estábamos bien. Me conmoví cuando mi vecina de arriba me dijo que nuestro espíritu comunitario, la forma en que nos cuidamos unos a otros, es lo que nos ha ayudado a sobrevivir estos últimos años. Nadie vendrá a salvarnos. Hemos demostrado ser capaces de destituir a un gobernador y no nos detendremos hasta haber construido un Puerto Rico mejor y justo.
Israel Meléndez Ayala es antropólogo y columnista de The New York Times.
