Como cada año, el 28 de septiembre se celebra el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En nuestro país, el aborto inducido está regulado desde 1973, siendo legal solamente en caso de prevenir daño a la salud de la mujer o en casos de violación.
A pesar de la penalización, los datos sobre la interrupción del embarazo no deseado estiman que en Bolivia se practican 200 abortos cada día y, cada año, alrededor de 44.000 abortos incompletos (hemorragias) son atendidos por establecimientos de salud públicos y privados. A causa de esto, dos mujeres mueren cada día, lo que equivale a 650 muertes por año, que a su vez conlleva a que el aborto sea la tercera causa de muerte de las mujeres en el país.
Frente a esto, comparto ocho razones por las cuales es urgente contar con un sistema de salud que atienda la interrupción voluntaria del embarazo de manera segura, legal y gratuita.
1) Penalizar no disuade a las mujeres de la práctica del aborto. El altísimo número de abortos que ocurren en Bolivia demuestra que la penalización no es efectiva.
2) Penalizar el aborto induce a las mujeres a recurrir a métodos inseguros y riesgosos para su salud. En el país, más de la mitad de abortos clandestinos son realizados por personas sin la capacidad necesaria, con procedimientos inseguros y en entornos sin higiene. Por lo tanto, la penalización tiene como consecuencia no menos abortos, sino más abortos inseguros.
3) La penalización aumenta las muertes y afecta la salud de las mujeres. El aborto no pone la salud de las mujeres en peligro, lo que la pone en riesgo es la clandestinidad y la inseguridad. Por ejemplo, en Uruguay las muertes de mujeres por causas de abortos mal practicado se redujeron a cero desde la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
4) Penalizar el aborto impacta negativamente en el acceso a los abortos legales. Una gran cantidad de mujeres con derecho a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) no acceden a él por el estigma alrededor de la práctica y los estereotipos sobre la maternidad que se constituye en un mandato obligatorio para las mujeres.
5) La falta de acceso a abortos seguros produce muertes por causas indirectas. La mala práctica en la clandestinidad provoca en las mujeres hemorragias, perforaciones uterinas, lesiones intraabdominales y procesos infecciosos, causantes de secuelas crónicas como la esterilidad, embarazo ectópico, dolor pélvico agudo y, en los peores casos, la muerte.
6) La penalización del aborto tiene un impacto diferenciado en mujeres pobres y jóvenes. Las mujeres con niveles económicos medios o altos acceden a una atención sanitaria adecuada y, en general, no sufren complicaciones posabortos. Las de bajos recursos, en muchos casos adolescentes, se ven obligadas a exponerse a condiciones sanitarias precarias.
7) La penalización del aborto expone a las mujeres a ser víctimas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes por temor a ser denunciadas en su intensión de interrumpir su embarazo. Muchas de ellas incluso acuden al suicidio frente a la sanción social y penal del aborto.
8) La penalización del aborto incentiva un mercado clandestino que lucra con el miedo y necesidad de las mujeres. La provisión de servicios de aborto moviliza cifras millonarias a través de abortos quirúrgicos o la comercialización de pastillas de misoprostol o mifepristona con sobreprecios.
A pesar de que el procedimiento de interrumpir un embarazo es más seguro y está más disponible hoy en día, el aborto todavía está muy estigmatizado y puede ser una experiencia aterradora para muchas mujeres. Por todo esto, la legalización del aborto es un tema de salud pública y de derechos humanos.
Lourdes Montero es cientista social.
