El país está cada vez más polarizado, y ese es un gran inconveniente para la adecuada preparación del Censo, cualquiera que sea la fecha de su realización. El Censo requiere en efecto condiciones de confianza, colaboración y consensos políticos y ciudadanos, a fin de obtener una compilación de datos demográficos completa, confiable y oportuna.
Conviene recordar, en primer lugar, que el Censo es el único ejercicio nacional simultáneo, que abarca a toda la población sin excepciones y consiste en el relevamiento, entre otros aspectos, de las condiciones de vida, de vivienda, de salud y de educación de todos los habitantes en el territorio boliviano en una fecha determinada. Se trata, por tanto, del registro periódico más importante para el autoconocimiento de la sociedad, revelando en términos objetivos sus logros y avances sociales, así como sus brechas y carencias, en el tiempo transcurrido desde el censo anterior.
Los datos sobre la composición de las familias, la condición de sus viviendas, sus niveles de educación, estado de salud y características ocupacionales pertenecen por definición a los propios ciudadanos, que los entregan a los empadronadores en el entendido de que serán utilizados exclusivamente para fines estadísticos, por lo que no es procedente ni práctica internacional admitida que se incluya en la boleta censal el nombre y el número de la cédula de identidad de las personas censadas.
En segundo lugar, sin una información censal completa y confiable no será posible que las políticas públicas cuenten con el respaldo estadístico pertinente, ni que los agentes económicos y usuarios profesionales, académicos, especialistas o del voluntariado social, adopten sus estrategias y decisiones a partir de cifras e indicadores objetivos. En consecuencia, el abanico de sectores interesados en la realización de un censo de calidad, no son únicamente los titulares de las gobernaciones y municipios ni tampoco los dirigentes cívicos, cuyas expectativas parecen orientarse exclusivamente a los datos relacionados con recursos fiscales y escaños legislativos.
Tercero, los diferentes indicadores compilados en el Censo actual deben ser comparables con los resultados de los censos anteriores, de tal modo que se puedan construir series coherentes que muestren los cambios logrados en cada una de las variables sociales, criterio que limita hasta cierto punto la composición de la boleta censal. El criterio de comparabilidad necesaria se aplica también para el cotejo del desempeño del país en materia social respecto de otros países, incluido en informes internacionales sobre el desarrollo humano, el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, para mencionar los más conocidos.
Cuarto, la experiencia de las semanas pasadas corrobora la idea de que la fecha de realización del Censo debería acordarse luego de una deliberación amplia y documentada respecto de la situación en materia de los avances existentes en cada uno de los módulos preparatorios, tales como la cartografía, los dispositivos digitales en calidad y número, la concertación del contenido de la boleta censal, el financiamiento realmente disponible y la capacitación de los encuestadores, entre otras cosas. El tiempo necesario para el cumplimiento de todas las tareas preparatorias depende sin duda alguna de la voluntad política manifiesta, de las capacidades institucionales y de los recursos financieros disponibles, así como de la eficacia de la capacitación de los encuestadores.
Quinto, por sus propios intereses y con miras a evitar que se agudice el clima confrontacional prevaleciente, las organizaciones independientes de la sociedad civil consideran que el proceso censal podría enderezarse hacia una ejecutoria consensuada a partir de un acuerdo político vinculante de alto nivel y del fortalecimiento institucional del INE, mediante su independencia y jerarquización profesional.
Horst Grebe es economista.
