En 12 días, dos muertes, de una adolescente de 13 años de edad y de otra joven de 22, destaparon múltiples hechos de violación ocurridos en las ciudades de La Paz y Santa Cruz. Otra niña de 10 también fue víctima de violencia sexual por tres personas.
El 8 de octubre, una mujer de 22 años de edad decidió acabar con su vida. Una carta póstuma develó que fue violada por su padrastro desde que era apenas una niña, esa carga no la dejaba vivir en paz y tomó la drástica decisión. El hecho ocurrió en Santa Cruz.
La familia de la víctima denunció el hecho y presentó la carta ante la Policía y el Ministerio Público ordenó de forma inmediata la aprehensión del sindicado.
Pero la joven no fue la única víctima del violador, tras las develaciones en la misiva y la denuncia presentada por su familia aparecieron ocho jóvenes más, del mismo entorno familiar, quienes revelaron que también fueron violadas por el mismo hombre.
Tras un operativo, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) logró dar con el paradero del sujeto y se procedió con su captura. Ayer, la Justicia determinó su detención preventiva en la cárcel de Palmasola.
TRAGEDIA.
Otro hecho trágico es la muerte de Ángela, una adolescente de 13 años de edad que tras enterarse que la Policía no aprehendió a uno de sus agresores tras las acusaciones que presentó en contra de ellos también se quitó la vida. Además, la menor de edad sufría acoso, amenazas e intimidaciones constantes por las familias de los violadores.
El Ministerio Público libró una orden de aprehensión en contra de ambos agresores, quienes ya están en celdas policiales a la espera de su audiencia de medidas cautelares. Este hecho ocurrió en la localidad Huayhuasi, en La Paz.
Tras las investigaciones, el director del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) informó que también se logró identificar a otra posible nueva víctima de estos sujetos, una niña de 12 años de edad que también vive en esa localidad paceña.
“El caso se maneja bajo reserva debido a que la víctima es menor de edad”, dijo el funcionario.
La madre de la víctima contó que su hija y otras niñas iban desde hace varios años a la vivienda del acusado para traer agua, pues no contaban con el servicio en su sector y esos momentos fueron aprovechados por el violador para cometer las vejaciones sexuales.
SANCIONES.
El fiscal departamental, William Alave, afirmó ayer que la Fiscalía emitirá sanciones penales o disciplinarias para los investigadores del Ministerio Público de Mecapaca que promovieron la libertad a Cirilo M. V., el principal acusado de la violación.
“Hemos presentado el correspondiente informe para que se pueda sancionar a la funcionaria del Ministerio Público, esto puede derivar en dos aspectos, tanto disciplinario o penal. Estamos a la espera de la decisión de nuestra MAE. Vamos a actuar de manera inmediata y drásticamente como en aquellos casos que los fiscales han incumplido”, anunció Alave.
Ayer, Cirilo M. V. y su hijo fueron imputados. “Hoy estamos imputando al padre por el delito de violación agravada de niño, niña o infante, que tiene una pena de hasta 30 años de cárcel (…). También se planteó la imputación en contra del hijo por el delito de acoso sexual”, informó Alave.
Otro caso de violación sucedió en Santa Cruz. La víctima es una niña de 10 años de edad que fue violada en reiteradas ocasiones por tres de sus hermanos y su cuñado. El hecho sucedió en el municipio de Fernández Alonso, de Santa Cruz, informó el director de la Fuerza de Lucha Contra la Violencia (FELCV), Luis Gutiérrez.
“Los agresores aprovecharon que viven en la misma casa y abusaron sexualmente de la víctima de 10 años. La niña es huérfana de padre y madre”, informó el jefe policial a la red Unitel.
El martes, otro caso que consternó a Cochabamba fue el de una mujer que estuvo a punto de quitarse la vida luego de que la Justicia dejó libre al violador de su hija, una niña de 11 años de edad que fue víctima de vejaciones durante cuatro años por su tío.
Una comisión del colectivo Mujeres de Fuego viajó a La Paz junto a la madre de la víctima para denunciar a los operadores de justicia que dejaron libre al acusado.
