Pese a los intentos de última hora por lograr un acuerdo en torno a la fecha del Censo Nacional de Población y Vivienda, la dirigencia cruceña bloqueó toda posibilidad de diálogo y reafirmó el paro departamental. Aluden al “mandato del cabildo” que, entre otras cosas, aparte de no haber sido deliberativo, estuvo inflado en cuanto al número de participantes. Se impone el conflicto.
En los últimos días, hasta el mismo viernes en la noche, se seguía alentando el camino de diálogo entre el Gobierno y el llamado comité interinstitucional de Santa Cruz. Se habló con esperanza sobre la posibilidad de un acuerdo que dejara sin efecto la extrema medida del paro indefinido. Hubo incluso una tardía propuesta oficial para adelantar tres meses el censo y garantizar la redistribución de recursos en 2024. Nada fue suficiente. La élite cruceña se atrincheró en la consigna política de censo en 2023.
El pasado viernes también, diferentes organizaciones sociales de Santa Cruz convocaron y realizaron el “Cabildo del Pueblo”, que rechazó el paro indefinido impulsado por los cívicos y declaró estado de emergencia y movilización permanente. Hubo asimismo una marcha en Oruro contra el paro cruceño. En tanto que una curiosa “Asamblea de la Paceñidad”, liderada por el alcalde Arias, decidió respaldar la demanda de censo en 2023. Se produjo hasta un minúsculo “banderazo” en Cochabamba con igual propósito.
Más allá de estas expresiones de uno y otro lado, lo cierto es que ayer se inició un incierto paro indefinido departamental en Santa Cruz, que tuvo su primera víctima mortal por obra de bloqueadores violentos. La dirigencia cruceña rechazó sistemáticamente cualquier acuerdo que no pase por imponer su decisión. Su argumento es paradójico: queremos diálogo “sin condiciones con la condición de” que se abrogue el decreto del censo en 2024. Dicen que no pueden menos porque hay un mandato inamovible del cabildo.
A propósito del cabildo cívico, se construyó la matriz de opinión, repetida por sus operadores mediáticos, de que fue el cabildo del “millón y medio” de personas. Incluso una notaria contratada por el Comité Cívico avaló el dato. Pues resulta que la observación técnica realizada por el OEP, a través del Sifde (cuyo informe fue revelado por LA RAZÓN), certificó mediante un probado método cuantitativo que los asistentes apenas superaron los 229.000. Los promotores inflaron sus números en más de seis veces.
¿Qué sigue ahora? Dado el inicio del paro indefinido y sus banderas radicales de “censo en 2023 o nada”, fecha descartada por el Gobierno por imposibilidad técnica, parece improbable algún acuerdo en el corto plazo. ¿Cuántos días puede durar un paro de muy alto costo para la economía nacional y, en especial, cruceña? ¿Es sostenible si solo se restringe a Santa Cruz? ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar la élite cruceña con su demanda? ¿Habrá desbloqueo? Corren días inciertos y de medición de fuerzas.
