La disputa por la fecha del Censo, hoy atizada en clave de conflicto regional, no es más que un anticipo de pugnas mayores cuando se tengan los resultados. En un ambiente de alta desconfianza, los propios datos serán objeto de sospecha. Ni hablemos de sus efectos en términos de redistribución. Y está también la forzada y distorsionada relación con el padrón electoral.
Hoy se cumplen ocho días del paro indefinido dispuesto por la dirigencia cruceña con el aval de un cabildo en el que participaron 230.000 personas. Vanos han sido los intentos por lograr un acuerdo que no pase por la imposición de una fecha “sí o sí”. En lugar de acercamiento entre el llamado Comité Interinstitucional y el Gobierno central, se produjo una escalada de enfrentamiento no solo verbal, sino también en las calles. El paro fue respondido con la amenaza de cerco. Todos pierden.
El conflicto por la decisión sobre cuándo se hará el Censo Nacional de Población y Vivienda parece un artificio político, pero es parte de un tejido mayor. Y es que la diferencia de temporalidad entre la consigna de la dirigencia cruceña y la última propuesta del Órgano Ejecutivo es de pocos meses (entre fines de 2023 y principios de 2024). Hay convergencia en el plazo previsto para iniciar la redistribución de recursos (octubre de 2024), sea con información preliminar, sea con datos consolidados.
¿Por qué entonces tanto atrincheramiento radical sobre la fecha del Censo? La respuesta tiene que ver con los efectos inmediatos del conteo poblacional. Se ha generado una alta e irreal expectativa, en especial en Santa Cruz, sobre el incremento de recursos. Cierto que los números pueden mejorar para algunos departamentos, pero habrá otros que pierden. Ese hecho es potencialmente conflictivo. Y seguramente vendrá acompañado de exigencias de más recursos “por derecho” y por compensación.
Hay ansiedad también respecto a los efectos en la redistribución de escaños. Según proyecciones, Santa Cruz ganará unos pocos diputados a costa de otros departamentos. Pero ello no implica una modificación sustantiva en el mapa electoral del país. El problema es que el tema trae consigo percepciones distorsionadas acerca del diseño de las circunscripciones electorales. Ya se demostró sobradamente que el discurso de “el voto rural vale más que el voto urbano” es una falacia. Eso no va a cambiar.
Pero sin duda la cuestión más sensible tiene que ver con el padrón electoral biométrico. Se cree falsamente que los nuevos datos de población “demostrarán” que hay problemas con los datos del registro de votantes. Es un terreno sembrado de consigna política, guerra sucia, desinformación e ignorancia. Y la consigna ya ha sido lanzada: “Lucharemos por un nuevo padrón electoral para evitar fraude en 2025”. La trinchera por el Censo está en la ruta que busca deslegitimar por anticipado los próximos comicios.
