El país se dirige, nuevamente, a un escenario donde dos posiciones tensionadas solo ven al escenario radical como el único capitalizable. La razón es el Censo, pero esta coyuntura se convierte solo en una de las tantas batallas a librar en un futuro.
El conflicto por la fecha del Censo es un conflicto a resolverse, tarde o temprano las partes se sentarán a negociar una fecha para realizarla, lo que está en discusión y juego ahora es quién impone las condiciones para el acuerdo. El acuerdo consensuado de una fecha para la realización del Censo no significa el cese del conflicto, sino que visualizamos al menos tres escenarios que podrían ser igual o aún más conflictivos que el actual.
El primero de ellos estaría en torno a la realización del Censo y su producto. Si bien se habló de que el tema técnico y el económico estarían resueltos para la realización del Censo, el haber cambiado la fecha de manera abrupta ha generado un halo de desconfianza que está presente en el discurso de la oposición el día de hoy. El descrédito no recae sobre el proceso censal solamente, sino que podría afectar la credibilidad de los resultados.
Santa Cruz ya ha puesto un efecto de anclaje, y es que tiene sus propias estimaciones sobre la cantidad de población, escaños y recursos que le tocaría luego del Censo, si estos resultados no coinciden con sus intereses y estimaciones, podríamos tener un nuevo conflicto que cuestionaría al proceso censal en sí y los resultados que arroje.
El segundo escenario visible será la distribución de los escaños. Hoy la distribución de escaños lo establecen criterios de territorio, población, grado de desarrollo e indígenas. Los 36 senadores están distribuidos por departamento, cuatro por cada uno y, en este caso, no existiría problema porque es un mandato constitucional establecido en el artículo 148.II. El conflicto estaría en la distribución de los 130 diputados, ya que la Constitución solo establece que la distribución estará a cargo del Órgano Electoral con base en el último Censo (artículo 146.V), dejando a una ley la definición de los nuevos criterios y números de escaños asignados.
Hoy es la Ley 421, de distribución de escaños por departamento, la que regula este aspecto y que en su parágrafo III final menciona: “Esta composición será modificada por Ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional, después de un nuevo censo nacional de población”. En este caso, la batalla se trasladaría, una vez validados los datos del Censo por las partes, al Órgano Electoral y a los criterios que a futuro regirían la distribución de los 130 escaños, que no solo se guían por criterios poblacionales, sino los aspectos de índice de desarrollo que podrían dar una distribución muy distinta a la actual. E incluso, la cantidad de diputaciones indígenas que hoy en día son siete, podría aumentar o disminuir a partir del criterio que se utilice en esas mesas de discusión.
El último escenario y el que podría dar más batalla es la distribución de los recursos luego del Censo. Una cosa es establecer la distribución de recursos de coparticipación tributaria bajo el sistema actual y otro es plantear una nueva distribución de recursos con otros criterios, que es lo que conocemos como un nuevo pacto fiscal. La posición de Santa Cruz es clara, y es que la distribución actual está mal y les afecta, no terminaría la lucha con aceptar un incremento de recursos sobre la base de la distribución actual, sino que sería el escenario ideal para poner sobre la mesa, una vez más, la discusión de un nuevo pacto fiscal.
Por todo esto, considero que las condiciones políticas con las cuales se sienten los actores a negociar ahora, van a determinar las condiciones para los futuros escenarios que se nos vienen.
Mario Vega Yáñez es politólogo y docente de la UMSA.
