El 9 de septiembre, se promulgó la Ley 1462, de modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE), en la que se establecieron dos disposiciones adicionales: la primera que hace referencia a la ampliación del plazo de vigencia de la Ley 1391 de 31 de agosto de 2021, que otorga incentivos tributarios a la importación y comercialización en el mercado interno de bienes de capital, y la segunda, que modifica el parágrafo II del artículo 79 de la Ley 843.
Pero, vayamos por partes. La primera medida ha sido de gran beneficio para los sectores agrícola e industrial, desde el punto de vista que se otorga la exención del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), tanto a las importaciones como a la comercialización en el mercado interno de bienes de capital, plantas industriales y vehículos de alta capacidad en volumen y tonelaje.
Esta medida no es otra cosa que brindar protección a la industria nacional, llegar al sector productivo íntegramente, desde el productor más pequeño hasta el que industrializa sus productos. Pero ¿cuál es el argumento para brindar este beneficio?, pues, el Estado en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025, en el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, ha propuesto la industrialización por sustitución de importaciones, esto lleva a tomar medidas de esta naturaleza, que buscan que nuestro país deje la dependencia de los productos importados en una gran proporción para comenzar a consumir la propia producción nacional.
Asimismo, la política ha permitido una importación liberada del IVA de aproximadamente Bs 3.150 millones de bienes de capital, lo que supone un sacrificio fiscal para el Estado de Bs 470,65 millones. Asimismo, se han comercializado estas mercancías en el mercado interno por Bs 1.415 millones, que implican Bs 184 millones de sacrificio fiscal, siendo esta política aceptada por gran parte de nuestra población, en razón a que ayuda a la modernización y tecnificación del aparato productivo.
Por otro lado, no es para nada una noticia que asombre a propios y extraños el tener que lidiar con críticas poco propositivas hacia las normas que intenta implementar el Gobierno, pues como era de esperarse, al conocer el proyecto de norma se alarmó a los productores nacionales con un supuesto incremento a las alícuotas del Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) para las bebidas.
Sin embargo, lo que se ha hecho con la Ley 1462 es establecer bandas (rangos) a las alícuotas de las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, a fin de contar con una política fiscal activa que permita al Ejecutivo tomar decisiones de apoyo a la producción nacional, lo cual no significa generar un encarecimiento al consumo final del producto.
Finalmente, como se puede advertir, la protección a la industria nacional no es algo con lo que actualmente pueda darse paso a que solo unos cuantos privilegiados grupos de poder puedan acumular mayor riqueza en desmedro de los intereses del Estado, sino que va mas allá y busca el apoyo hacia toda persona natural o jurídica, desde el más pequeño hasta el más grande productor, sin perjudicar el horizonte trazado, “bienestar común”.
Adolfo Áñez Vidal es contador público autorizado.
