El paro de 48 horas llevado a cabo en Santa Cruz, demandando la realización del Censo “justo y transparente, lo más antes posible”, tuvo el argumento de que la cartografía no es excusa técnica para postergar esta actividad hasta 2024, argumento que fue aceptado y comprendido por ocho gobernadores, por todos los alcaldes de los municipios urbanos, por más de 300 municipios y casi todas las universidades del país.
La cartografía delimita un determinado espacio de territorio estableciendo claramente los límites que tiene con sus similares que la rodean. Los conflictos limítrofes están presentes en casi todos los departamentos del país, llevan meses y hasta años en resolver porque se tienen que tomar en cuenta los múltiples argumentos de cada municipio involucrado, y nadie está dispuesto a ceder un centímetro porque en ese lugar podría encontrarse al tipo recurso.
Un claro ejemplo de esto es el conflicto que tiene el municipio de Nuestra Señora de La Paz con sus vecinos de Achocalla y Mecapaca, por el crecimiento de la mancha urbana, donde los habitantes no saben a dónde ir a pagar los impuestos de sus casas, significando estos ingresos para el municipio, al que también exigen obras.
Otro factor para la generación de estos conflictos es la creación de nuevos municipios que no tienen claros sus límites cartográficos, donde pueden encontrar recursos naturales, como es el caso del conflicto que existe entre los municipios de Culpina e Incahuasi en el departamento de Chuquisaca, que disputan el aprovechamiento de agua, lo que ha derivado en enfrentamientos violentos con heridos y bloqueos por parte de los pobladores.
En el caso del departamento de Santa Cruz, tiene 14 conflictos limítrofes que involucran a casi el 50% de sus 56 municipios, de los cuales muy pocos han llegado a una resolución con la Ley 339 de Delimitación de Unidades Territoriales. Además, hay un conflicto de límites interdepartamental con el Beni y Cochabamba, y recordar el conflicto con Chuquisaca por el pozo Margarita. Este departamento no es el único con este tipo de problemas, también lo tiene La Paz con Oruro. De acuerdo con las últimas declaraciones del viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, el 80% de los municipios del país tiene algún tipo de conflicto de límites sin resolver.
La Gobernación de Santa Cruz es la segunda en recibir mayores recursos por regalías, por ser un departamento productor de hidrocarburos, también recibe recursos por IDH e IEHD, distribuidos en función del número de población, y además tiene otro tipo de ingresos, que no están siendo utilizados para el objeto que fueron distribuidos. Según un último reporte del Ministerio de Economía, al séptimo mes ésta tendría una ejecución presupuestaria de tan solo 13%, dejando así de atender las necesidades en caminos, electrificación, educación, salud e infraestructura urbana y rural, y saneamiento básico.
Con esta baja ejecución presupuestaria, lo único que hace es retener recursos que están destinados a la inversión pública, y así generar infraestructura y empleo para varios sectores que la necesitan, perjudicando de esta manera a la población y a la economía de esa región.
La posición de llevar adelante un Censo sin tener definido el tema cartográfico que resuelva la mayoría de los conflictos limítrofes, es irresponsable, porque ello generaría mayores conflictos y enfrentamientos entre departamentos y municipios, además este proceso no asigna nuevos recursos al día siguiente de su realización.
El Gobernador de Santa Cruz prioriza lo político a lo técnico, lo cual se puede apreciar en el afán de mantener su liderazgo en el ámbito regional y proyectarse en lo nacional; sin embargo, en este paro también se evidenció la división de la “institucionalidad cruceña”, apareció la otra Santa Cruz, la que no participa de las cumbres del Comité Cívico, la que se perjudica con los bloqueos y la que recibía los palos y patadas de la Unión Juvenil, que cada vez le hace más resistencia al Comité Cívico.
Jesús J. Luque es licenciado en Economía.
