Sin duda, esta semana hemos sido testigos del retorno colectivo a la sensación de que la conflictividad nuestra de cada día está de regreso a nuestra convivencia social. Poco sanados colectivamente de la grave crisis política de 2019 o, peor aún, sin haber tenido la oportunidad de hacerlo, los recientes conflictos registrados en las ciudades de Santa Cruz y La Paz inevitablemente nos recuerdan el hecho de que las fisuras subcutáneas que tenemos como sociedad boliviana están aún latentes. Las heridas están ahí, eso es seguro, pero ello no es certeza suficiente de que se vayan a manifestar de la misma manera que lo hicieron cuando abrieron, allá en noviembre de 2019.
Sea con aprendizajes o sin ellos, lo que de alguna manera queda en el escenario latente del conflicto es movimiento. Movimiento respecto a la forma de asumir la conflictividad por parte de los actores de los escenarios polarizados que somos, finalmente, las y los bolivianos. Ante la certeza casi inequívoca de que el Censo está siendo utilizado, por ahora y por maniobra de las fuerzas polarizantes, como un dispositivo en torno al cual se busca reorganizar la irresuelta pulseta de fuerzas, las pulsiones de opinión en torno a la decisión gubernamental de postergarlo resultan importantes al momento de tratar de prever el cauce que podrían tomar los escenarios de conflictividad.
De acuerdo con los resultados del informe de encuestas de opinión sobre la coyuntura nacional realizado por la empresa Diagnosis y difundido en su primer reporte digital en días pasados, del total de una muestra a nivel nacional de población urbana y rural, un 56% de personas está muy en desacuerdo y en desacuerdo con la postergación del Censo y solamente un 28% se encuentra muy de acuerdo y de acuerdo con esta decisión. De hecho, el grueso de la población que no está de acuerdo con la medida se encuentra “incluso en la base social de apoyo al Gobierno: principalmente en el área rural”. Luego, en el otro lado, también destaca el dato que del 28% que sí está de acuerdo con la medida adoptada, un 44% (el mayor porcentaje) fueron votantes de Camacho en las elecciones generales de 2020.
Respecto a las medidas de protesta que se han producido a nombre de la postergación del Censo, sobre todo en la ciudad de Santa Cruz, los datos también son bastante elocuentes, al tiempo que señalan que un 45% de la población nacional encuestada se encuentra muy de acuerdo y de acuerdo con estas movilizaciones. En este tema un 14% se muestra indiferente al conflicto.
Cuidado. No podemos tan solo dejar en el recuerdo el hecho de que una vez recuperado un gobierno electo democráticamente, nos la hemos pasado reflexionando y debatiendo sobre cómo curar las secuelas de la crisis en nuestra sociedad y si bien no se puede hablar ni de lejos de un retorno a un escenario de conflictividad tal como el de 2019, ciertamente sí va a ser difícil dejar atrás la idea de que cada paso rumbo a la afrenta o la confrontación que esté mal dado, erróneamente medido o irresponsablemente administrado puede acercarnos un poco más a ello. Tocará a la ciudadanía —posiblemente a ese grueso que, por ahora, se mantiene indiferente a la conflictividad emergente— recordárselo constantemente a quienes, ya sea por acción o reacción, tienen aún en la mente la posibilidad de repetir en las calles los escenarios de polarización política vividos en 2019.
Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka
