La elevada intensidad de la conflictividad social es un rasgo persistente de la vida sociopolítica de Bolivia. Aunque el diálogo es reivindicado como el instrumento ideal para su tratamiento, en los conflictos más relevantes suele ser más importante la capacidad de los actores para modificar o manipular en su favor las complejas y a veces oscuras correlaciones de fuerza corporativas y políticas que tienen que ver con esos problemas. De ahí, lo enredados y poco racionales que resultan esos eventos para los que no están involucrados directamente en ellos.
En el país solo se negocia cuando uno se siente en posición de fuerza frente al otro o porque tiene que salvar los muebles ante una derrota inminente. Hasta que eso no pase, la cosa se puede alargar y enredar hasta niveles insólitos. Todo aderezado además de una gran capacidad de puesta en escena y dramatización de la confrontación e incluso de su resolución, la cual suele ser usualmente imperfecta y parcial. Y así, hasta el próximo episodio.
Los actuales conflictos por el Censo de población y el mercado de coca en La Paz ilustran casi caricaturalmente esas tendencias. Después de varias semanas, vamos perdiendo el hilo de las razones de ambas cuestiones. A estas alturas del partido ya no sabemos, en el primer caso, si la cuestión es adelantar el Censo a gusto del cliente sin ningún respaldo técnico que lo sustente, aliviar la dignidad supuestamente mancillada de la región cruceña, derrotar al “diablo” masista para mostrar que es posible o resolver la rencilla local entre Jhonny y Camacho. Un verdadero ch’enko de motivaciones.
En el otro frente, la simplificación polarizada del conflicto se ha vuelto tan perversa que está llevando a varios a justificar de manera grotesca los excesos de unos y otros. Es así como para ciertos opinadores y medios, si estás “luchando contra la dictadura” se vale nomás tirar dinamita en la calle, fregar a los vecinos que no tienen nada que ver en el entuerto y reclamar adicionalmente impunidad. Patente de corso por la buena causa, pues.
En ese trajín, las cuestiones de fondo que motivan estos conflictos se van desvaneciendo, haciendo casi imposibles encontrar vías para soluciones reales y de largo plazo a los problemas. Sería deseable, por ejemplo, discutir con similar ahínco acerca del tiempo y recursos que se necesitan realmente para realizar un censo en condiciones técnicas y logísticas mínimas para que la información resultante sea de calidad.
De hecho, se sabe que la experiencia internacional indica que se precisa entre un año o dos para una actualización cartográfica que reduzca significativamente el margen de error del operativo censal. Por tanto, la opción de mediados de 2023 parece a priori irresponsable. Situación, además, particularmente relevante en las zonas que experimentaron mayor expansión demográfica en los últimos años. Es decir, las autoridades del departamento de Santa Cruz deberían ser las más interesadas en que esa actualización se ejecute en las mejores condiciones posibles, de manera que los datos certifiquen con precisión que es el departamento más poblado del país.
De igual modo, el barullo mediático y la violencia no deberían distraernos de la pugna por el control corporativo del mercado de coca que explica en gran medida el zafarrancho en Villa Fátima. Es decir, lo que está en juego es cuál grupo dirigencial cocalero tendrá instrumentos para regular y por tanto condicionar los ingresos de miles de productores. Es decir, la pelea es por el monopolio de los recursos y el poder en las regiones cocaleras yungueñas. Para lo cual, unos y otros instrumentalizan a pititas y masistas en función de sus intereses particulares.
Entre los especialistas del diálogo se acostumbra a decir que el primer paso para avanzar en una vía deliberativa y democrática de procesamiento del conflicto social consiste en ponerse de acuerdo, al menos, sobre la naturaleza del problema que divide. Hoy en día, eso parece casi una utopía considerando lo contaminados que estamos por los intereses políticos, corporativos y personales que se disfrazan detrás de grandes ideales para defender esencialmente cuotas de poder, dinero e influencia.
Armando Ortuño Yáñez es investigador social.
