La disputa interna en el liderazgo cruceño por visiones diferentes en torno al Censo generó no solo intercambio de ataques verbales, sino también la amenaza de revocatorias. Las partes enfrentadas anuncian con entusiasmo que revocarán el mandato del gobernador Camacho y del alcalde Fernández. Habrá que esperar hasta principios de 2024 para ver la viabilidad de tales procesos.
Más allá del enfrentamiento entre el Gobierno nacional y la llamada “institucionalidad cruceña” (con centro en la Gobernación, el Comité pro Santa Cruz y la alianza Creemos) sobre la fecha del próximo Censo Nacional de Población y Vivienda, el último paro expresó fuertes divergencias internas. Por un lado, está el gobernador Camacho, que exige la realización del Censo el próximo año; por otro, el alcalde Fernández que, sin descartar la opción de 2024, plantea una definición técnica de la fecha.
Esta contienda se manifestó claramente en el reciente paro de 48 horas: la Gobernación fue parte activa de la medida, en tanto que la Alcaldía de la capital cruceña no acató el paro. Más allá de visiones distintas sobre el Censo, está en juego una disputa de liderazgos en Santa Cruz. Y también respecto al tipo de relación que se espera entre el nivel central del Estado y el departamento, más apegada al conflicto o a la concertación. En medio hay ataques personales y discursos de “traición”.
Como sea, y a reserva de las futuras medidas de presión que adopte el grupo de Camacho contra el Censo 2024 y del posicionamiento de Fernández, un hecho concreto es que se presentaron formalmente, ante el Tribunal Electoral Departamental, solicitudes de revocatoria de mandato tanto contra el Alcalde como contra el Gobernador. Claro que se trata de solicitudes prematuras y, por tanto, en este momento, solamente simbólicas. El Alcalde declaró que acepta el desafío y es probable que el Gobernador haga lo mismo.
Según la normativa vigente, el periodo de revocatoria se inicia transcurrida la mitad de mandato de la autoridad electa. En el caso de los gobernadores y alcaldes posesionados en mayo de 2021, las solicitudes tendrán validez legal desde noviembre de 2023. Y recién a principios del 2024 se sabrá si los impulsores cumplieron o no el requisito de firmas. No parece sencillo, pues se requiere 25% del padrón departamental para la revocatoria del gobernador y 30% del padrón municipal en el caso del alcalde.
El revocatorio como amenaza ya fue planteado hace algunos meses contra el Alcalde de La Paz. Claro que entre el anuncio y su realización hay un largo trecho, con varios plazos y requisitos. En el caso de Camacho y Fernández se trata claramente de una demostración de fuerza, que por ahora solo busca debilitar la legitimidad de ambos y, en su caso, desestabilizar la gestión. En esta confrontación política pareciera que no cuenta el tema de fondo: la realización de un Censo Nacional con calidad técnica.
