Muchas personas, especialmente las generaciones más jóvenes que no sufrieron los embates de las diferentes crisis económicas que sacudieron al país, consideran como una situación normal —es decir, que no requirió de ningún esfuerzo ni trabajo— la estabilidad económica acontecida durante el periodo 2006-2018, interrumpida a fines de 2019 y gran parte de 2020, y que actualmente se está recuperando. Por esta razón es muy importante repasar los hitos históricos que dieron lugar a que la economía boliviana no esté siendo golpeada por las turbulencias externas que aquejan a los países de la región.
La teoría económica ortodoxa tiene como precepto que el mercado es el “mejor” asignador de recursos y, por lo tanto, la intervención del Estado debe reducirse a la mínima expresión. Sin embargo, hechos históricos como la Gran Depresión y la Crisis Financiera Subprime evidenciaron los efectos catastróficos de una elevada desregulación, cuyos costos fueron asumidos no solo por los actores que generaron las mencionadas crisis, sino por la población en su conjunto.
En Bolivia, un acontecimiento histórico que aún está presente en la memoria de las personas que soportaron ese fenómeno fue la hiperinflación experimentada en el periodo 1982- 1985. La “solución” que el gobierno de entonces dio al mencionado problema, fue la aplicación de una serie de medidas enmarcadas en la “Nueva Política Económica (NPE)”, liberando las operaciones en moneda extranjera, las tasas de interés, el régimen de exportaciones e importaciones, los precios de bienes y servicios; se estableció la libre contratación de trabajadores tanto en el sector público como privado y, en este último, se obligó a la aplicación de programas de racionalización de personal.
La incertidumbre asociada a la pérdida de valor del peso boliviano y la libertad otorgada para transar en moneda extranjera, derivó en que varios precios de bienes y servicios se indexen al dólar estadounidense, y en la preferencia por ahorrar en esa moneda, es decir, el dólar desplazó a la moneda nacional en sus funciones de medio de cambio y depósito de valor. El accionar restringido de la política monetaria —que caracteriza a una economía dolarizada— y el carácter contractivo de la política fiscal reprimieron la economía nacional, cuyo peso recayó en la clase obrera y, por lo tanto, en sus familias.
Durante los 20 años de aplicación de medidas como la NPE, la privatización de las empresas públicas, las continuas devaluaciones del boliviano y un Estado que dejó en manos del sector privado el accionar de la economía, no se solucionaron los problemas de pobreza y desigualdad de la población, es más, las brechas sociales se ensancharon.
Desde 2006 se implementa el Modelo Económico Social Comunitario Productivo, caracterizado por la activa participación del Estado en la economía, el énfasis en ampliar la capacidad productiva y un enfoque social orientado a la mejora de la calidad de vida de la población (principalmente de los sectores más vulnerables).
El escenario de certidumbre y estabilidad macroeconómica —evidenciado en un crecimiento económico sostenido durante el periodo 2006-2018, aún en épocas de turbulencia externa— posibilitó las continuas apreciaciones de la moneda nacional entre 2006 y 2011 y, desde entonces hasta ahora, una estabilidad cambiaria; de igual forma, la aplicación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) que grava operaciones realizadas en moneda extranjera, las modificaciones al encaje legal estableciendo mayores requerimientos para los depósitos en moneda extranjera, así como las previsiones diferenciadas por moneda, entre las más importantes, resultaron en la fortaleza del boliviano, que recuperó sus funciones de medio de pago y depósito de valor.
Hoy gozamos de los efectos positivos de la implementación acertada y oportuna de las mencionadas medidas que se traducen en una mayor confianza de la población en el boliviano, reflejada en que el 99% de los créditos del sistema financiero y el 85% del ahorro financiero están denominados en moneda nacional. En virtud a esto, no sufrimos la incertidumbre asociada a las continuas devaluaciones que están ocurriendo en otros países vecinos o a los procesos inflacionarios desatados por la guerra entre Rusia y Ucrania.
Por ejemplo, en lo que va del año, la moneda argentina anotó una devaluación de más de 25%; en Chile, el valor del dólar respecto al peso chileno aumentó en 8% y la moneda colombiana se devaluó en casi 7%.
Finalmente, enfatizar en que la estabilidad cambiaria que tiene Bolivia es resultado de un proceso que se inició en 2006.
Pamela Troche es economista.
