Hacer trámites en las ciudades capitales del eje troncal (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) se asemeja a transitar por un brumoso corredor, antesala de un laberinto del que salir puede llevar una vida entera para desgracia del ingenuo que se propuso formalizar su documentación, sin saber que las oficinas municipales o las dependencias de Derechos Reales se apoltronan en telarañas hechas de enredos burocráticos inentendibles, tanto para quienes incautamente caen en sus redes como para los ilusos funcionarios que creen tener el hilo en sus manos.
Entre el “vuélvase el jueves de la próxima semana”, o el consabido “le falta este formulario”, se pasan meses y años en un trámite que, entre el inicio y el final, debería durar un par de semanas. Ese es el drama por el que atraviesan quienes regularizan el catastro de sus propiedades o quienes deben registrar sus bienes en Derechos Reales. Para obtener solo información deben pasar 10 días, otros 10 para que emitan un informe; rogar por que nada esté observado, porque en ese caso deben pasar otros 10 días para corregir una letra o un número y aunque es sabido que las equivocaciones las cometieron en las oficinas, el error siempre es atribuido y debe ser solucionado por el ciudadano.
Claro que es peor aun cuando ni siquiera se logra hacer ingresar un trámite porque las reglas fueron cambiadas desde el momento que se presentó el expediente hasta que llegó donde debía, por tanto el funcionario perdió la claridad del proceso, peor si es nuevo, porque carece de experiencia y además está absolutamente temeroso de que lo procesen, ante ese peligro prefiere amontonar expedientes y decirle al incauto que llega con sus papeles que debe esperar una nueva reglamentación o un lineamiento que no sale, y cuando lo hace, llega con una serie de impedimentos y nuevas reglas por las cuales debe cambiar toda la documentación que tenía preparada.
Con tanto impedimento la ilegalidad es una alternativa. Esta es como una consigna que todos saben pero nadie la dice en voz alta. Si alguien protesta se arriesga a perder las esperanzas de salir del laberinto, porque de esperanzas viven los ciudadanos, sueñan con ver terminados sus trámites. El viernes 23 de julio del año pasado, el Alcalde paceño anunció con bombos y platillos que “para obtener un catastro, el más sencillo será resuelto en una semana, mientras que el más complicado debe acabar en un tiempo máximo de 21 días. Se acabaron los peregrinajes”. Los señores alcaldes de La Paz o de Cochabamba no conocen la realidad de lo que significa hacer un trámite.
De igual manera en Derechos Reales, los directores de esa institución se hacen de la vista gorda sobre lo que significa el tiempo que transcurre para un simple documento. El cambio de personal, o su rotación, no evita la corrupción pero sí entorpece y retrasa mucho más la agilización de un trámite, principalmente por la falta de experiencia y por la desinformación que se genera.
Lucía Sauma es periodista.
