El último Censo de Población y Vivienda, realizado el 21 de noviembre de 2012 establece que nuestro país tenía una población de 10.059.856 habitantes, 21,5% más respecto al Censo de 2001 (nótese que dicho porcentaje de crecimiento podría mantenerse en la actualidad). Por otro lado, con 2.719.344 habitantes, La Paz se convertía en el departamento más poblado de nuestro país, seguido de Santa Cruz con 2.657.762; en el otro extremo menos poblado se encontraba Pando, con 110.436.
También ofrecía datos interesantes referidos a tres sectores fundamentales para la generación de política pública: educación, salud y empleo. En el primero, resaltaba la tasa de alfabetismo, con 97,3% en el área urbana y 89,7% en el área rural. En empleo, de la Población Económicamente Activa (PEA) Ocupada, el 29% se dedicaba a agricultura, ganadería, selvicultura y pesca, el 18,4% al comercio, el 9,7% a la industria manufacturera, el 8,8% a la construcción, el 7,5% al transporte, y el resto a otras categorías. Finalmente, en salud, con referencia al acceso a centros y establecimientos de salud, cerca de 2 millones de personas acudían a una caja de salud (como la CNS, Cossmil, entre otros), cerca de 2 millones recurrían a un médico tradicional y cerca de 4 millones enfrentaban sus malestares con soluciones caseras.
El dato poblacional tiene un impacto trascendental para cualquier región del país, pues genera un recálculo en la distribución de los recursos por coparticipación tributaria, y la representación parlamentaria. El Censo 2012 puso al departamento de La Paz con 29 escaños, seguido de cerca por Santa Cruz con 28, Cochabamba más lejos con 19, y al final, Pando con 5. El siguiente Censo podría determinar que el liderazgo político en Cámara Baja tome una posta hacia tierras orientales, pues las proyecciones apuntan a alcanzar una población de 13 a 14 millones de habitantes, donde 28% pertenecería al departamento de Santa Cruz y el 26%, al departamento de La Paz.
En educación, el Censo 2024 debe permitir además evaluar los impactos generados por la aplicación del nuevo modelo educativo sociocomunitario productivo, plasmado en la Ley 070 “Avelino Siñani-Elizardo Pérez”, promulgada hace 12 años y que ya cuenta con una primera promoción formada íntegramente bajo dicho modelo educativo.
En salud, el golpe estacional y distractivo de la pandemia nos ha alejado de la evaluación de las políticas públicas asociadas, siendo importante retomar la agenda establecida en estos temas.
Bajo el contexto de un nuevo proceso censal, el pasado 12 de julio, el Consejo Nacional de Autonomías, en su duodécima sesión ordinaria, solicitó al Gobierno la reprogramación del Censo. Los principales factores giran en torno al COVID- 19, la socialización de la boleta censal y una cartografía estadística coordinada con las ETA. Está demás decir que dicha decisión ha desatado un conjunto de colaterales políticos en determinados sectores sociales.
Siendo una atribución privativa del nivel central, el Gobierno busca concretar los consensos respectivos con los principales actores involucrados, concluyendo a la fecha en cada una de las regiones un calendario de socialización del proceso, convirtiendo a estos eventos en instancias ideales para el establecimiento de un diálogo despolitizado y de mutuo acuerdo técnico.
El Censo 2024 debe permitir generar las condiciones necesarias para abrir un nuevo ciclo de planificación del desarrollo de largo y mediano plazo, focalizando de mejor manera las intervenciones del Estado y del nivel subnacional. Permitir generar indicadores claros de medición e impacto de las políticas aplicadas en los últimos 15 años, y con ello el debate de una nueva configuración económica política nacional.
El Censo 2024 debe ser un proceso legítimo, responsable y sistemático basado en información consistente y sobre todo creíble para toda la población.
Christiam Cordero Rocha es ingeniero industrial.
