La sentencia dictada contra Áñez hace un par de semanas solo comprueba una cosa: no hubo nada legal acerca de su presidencia. Para que la misma fuera legal, la senadora beniana debía ganar elecciones o cumplir con los requisitos establecidos por ley que, en el caso boliviano, la obligaban a ser elegida como presidenta del Senado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, que en aquel entonces estaba conformada por una mayoría masista que difícilmente se lo hubiera permitido. Realizar dicho nombramiento en ausencia de la bancada oficialista constituye sin duda alguna un acto de violación a la institucionalidad de aquel poder del Estado, y una forma algo sutil de golpe de Estado.
Pero lo que resulta curioso no es tanto que los verdaderos masistas estemos indisimuladamente descontentos con la pena impuesta sobre ella y algunos mandos jerárquicos de las FFAA y la Policía, pues obviamente sus castigos no son proporcionales al daño que ocasionaron tanto en términos institucionales, económicos y, sobre todo, humanos, sino porque los verdaderos instigadores de tal hecho, el secuestro del Ejecutivo a manos de una élite no electa, siguen todavía sin ser juzgados, e incluso se dan el lujo de hacer declaraciones ante los medios lamentando (aunque con lágrimas de cocodrilo) el veredicto contra Áñez.
Nota aparte, qué frustrante es que la única mujer que llegó a la presidencia del país en lo que va del siglo lo haya hecho como una simple marioneta de lo más conservador y machista que tiene por ofrecer la sociedad boliviana. Terminó pagando por pecadores, pero con una convicción (¿debería decir fe?) que no la hace menos culpable que los autores intelectuales del delito.
¿Y de quiénes estoy hablando? Pues de Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa y Tuto Quiroga, por supuesto, contra quienes se debería entablar un juicio por haber usurpado la presidencia de nuestro Estado al más puro estilo de camarilla aristocrática del siglo XIX, consumando su crimen ni siquiera desde los espacios propiamente institucionales, sino desde una universidad privada. ¿Qué les otorgaba ese derecho? Tal afrenta contra la democracia no debería indignarnos solo a los masistas, sino a todo ciudadano autoproclamado como demócrata o, por lo menos, como liberal.
Si a esas clases altas les molesta tanto que las elecciones las gane un partido de vocación popular y mayoritaria, pues les tengo una solución… ¡Funden el suyo, señores! ¡Nosotros tampoco los queremos acá! Sería un alivio.
Pero esa sentencia se queda corta no solo porque la pena es insuficiente y los acusados no son todos los perpetradores de aquella violación contra la Constitución, delito grave, sin duda, sino porque se los castiga por otras faltas de menor importancia en comparación con la vulneración del derecho a la vida y la violación sistemática en contra de los derechos humanos e incluso contra la libertad de expresión.
La sentencia es insuficiente porque no juzga los 38 muertos en las masacres de Sacaba y Senkata, y las otras muertes producidas en las ejecuciones extrajudiciales de la zona Sur de la ciudad de La Paz. Y por esas muertes también deben ser juzgados los ministros que fueron parte de ese gobierno (sí, tú también Arias, tú también tienes sangre en tus manos) y los paramilitares de la Resistencia Juvenil Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista.
La sentencia es insuficiente también porque no juzga los más de 20 casos de corrupción que se dieron durante ese corto gobierno, donde se desfalcó el Estado como si no hubiera un mañana, y de paso criticando “los 14 años de corrupción del gobierno del MAS”… el cinismo de algunas personas no tiene límites. Pero eso, como dije, se queda corto con las masacres, asesinatos, arrestos y torturas que se dieron aquellos días…. Imagino que los columnistas de Página Siete no dirán una palabra al respecto, como siempre. ¿Y si los muertos hubieran sido blanquitos y choquitos?
Yo estaba en la vigilia en las afueras del tribunal que juzgó a Áñez cuando salió la sentencia. Eran más de las 21.30 y nadie sonrió, créanme. Nadie saltó, nadie estaba feliz. Nos miramos entre nosotros, todos desconcertados.
Yo y mi pareja nos fuimos, sin saber qué decir, callados. Una vez en casa grité: “pero qué sentencia de m…”
Yo tampoco estoy feliz.
Carlos Moldiz Castillo es politólogo.
