La democracia en su magnífico esplendor acarrea situaciones que pueden poner en riesgo su propia estabilidad, como aconteció con el inusitado resultado de las elecciones legislativas realizadas el 19 de junio último. Cuando el presidente Emmanuel Macron fue reelegido el 24 de abril con el 58,5% se pensó que podría conservar, holgadamente, la mayoría de los 345 asientos (de un total de 577) que disponía su partido en la Asamblea Nacional, por cuanto además había añadido tres agrupaciones pequeñas a su frente electoral. Tan seguro estaba de su caudal que descuidó la campaña para alternar con sus obligaciones de presidente pro tempore de la Unión Europea y viajar constantemente en ese empeño. Es más, en la geometría política la extrema derecha representada por el RN (Rassemblement national) se neutralizaba mutuamente con la concentración de izquierdas NUPES (Nueva Unión Popular y Social), empujando hacia el centro a Juntos (Ensemble) del macronismo. Eso, en supuesta teoría, pero se menospreció la presencia en las urnas de ciertas entidades residuales como los republicanos (64 asientos) y otros que en el cómputo final probaron detentar aun el aliento vital de los 41 votos que le faltan a la “macronía” para lograr la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. De acuerdo a esta contabilidad: Ensemble (Macron), 248 diputaciones; NUPES (Jean-Luc Mélenchon) 131; RN (Marine Le Pen) 89; LR (republicanos) 61. Ese déficit fatídico es el que Macron trata de subsanar, sea cautivando grupos que se disgreguen de las alianzas meramente electoreras o pactando con otras tiendas políticas proclives a apoyar puntos programáticos que Macron pretende hacer aprobar por el Parlamento durante este su segundo mandato. Hasta el momento ningún grupo opositor se mostró inclinado a apoyar al Presidente, quien apuntó como opción alternativa llegar a consensos caso por caso.
Los esfuerzos aritméticos para sumar votos se tornan tan difíciles que algunos analistas se alarman ante la posibilidad de un bloqueo parlamentario a la ejecución gubernativa. En efecto, la V República, no obstante ser un régimen presidencialista, otorga al Parlamento amplios poderes para frenar iniciativas del Ejecutivo que no cuenten con la mayoría requerida. Sin embargo, en casos extremos el presidente tiene la facultad constitucional de disolver la Asamblea Nacional y convocar a nuevas elecciones. Macron ejerció sin sobresaltos su primer periodo (2017-2022) con un estilo vertical que imprimía su sello personal en toda decisión oficial. En realidad, la Constitución establece que el Presidente, preside, pero la responsabilidad estatal recae en el Primer Ministro, quien sin el voto de confianza congresal podría ser defenestrado. Igualmente, para reemplazarlo, la aprobación parlamentaria es ineluctable, siendo este requerimiento otro escollo para Macron en su debilidad actual. El problema radica en ¿cómo conciliar la legitimidad presidencial con la legitimidad parlamentaria?
En el frente externo, también surgirán problemas, por ejemplo, tanto el líder insumiso Jean-Luc Mélenchon como Marine Le Pen del RN tienen nexos de simpatía con Putin y son contrarios a los efectos de la globalización y críticos a los dictámenes de la Unión Europea, a cuyos dirigentes —ahora— les preocupa una posible inestabilidad francesa, en momentos en que la guerra en Ucrania exige férrea unidad del continente, ante la incertidumbre de la irrupción de situaciones bélicas mucho más graves.
Carlos Antonio Carrasco es doctor en Ciencias Políticas y miembro de la Academia de Ciencias de Ultramar de Francia.
