Aunque el Órgano Ejecutivo, mediante diferentes voceros, decía que todo estaba dispuesto para la realización, en noviembre de este año, del Censo Nacional de Población y Vivienda, el proceso no estuvo exento de dudas, falta de información e incertidumbre. Ahora se confirma que un Censo bien hecho tomará más tiempo. Dos años de postergación parece demasiado. La temporalidad cuenta.
La realización técnica del Censo que debía hacerse este año fue salpicada por una prematura politización. Mientras el Gobierno informaba poco y mal acerca de los avances, la oposición se encargaba de hacer ruido. En algunos casos se planteaban legítimas demandas de participación y de transparencia acerca del proceso; en otros, cuestiones más bien inútiles como incluir una pregunta sobre el mestizaje o hacer “conteos paralelos”. En medio hubo movimiento de autoridades y ahora una repentina decisión.
Por mandato de la Constitución, los censos oficiales son una competencia privativa del nivel central del Estado. Está previsto que se realicen cada 10 años a fin de contar a todas y cada una de las personas, las familias y las viviendas. Ello genera abundante información y datos para la planificación y el diseño de políticas públicas en diferentes ámbitos. Se trata, pues, de un asunto esencial para el Estado y la sociedad. Requiere por tanto máxima precisión técnica, sintonía política y escrutinio público.
Si ya la organización del Censo generaba discrepancias, o al menos visiones distintas, acerca de su temporalidad, boleta, presupuesto, logística y cartografía, entre otros aspectos, es evidente que todo ello no es más que un adelanto de la querella en torno a sus resultados. Los tempranos posicionamientos al respecto, como “profecías autocumplidas”, parecieran anticipar un escenario de conflicto. La reacción de la “institucionalidad cruceña”, huérfana de gobernador y de gestión pública, así lo demuestra.
Más allá de los recursos e intereses en juego, hay una cuestión de confianza. El guion es conocido: descalificar por anticipado los datos. No faltó una organización marginal como el Conade que lanzó la delirante advertencia de “fraude demográfico” (sic). ¿Suena conocido? ¿En serio piensan echar abajo el Censo como se hizo en 2019 con los comicios mediante la narrativa precoz de “fraude electoral”? Ante ello, es fundamental reencauzar el proceso para garantizar su realización oportuna, eficaz y participativa.
Hay coincidencia en que la postergación del Censo era necesaria (lo pedía la misma oposición), pero no por tanto tiempo. Y es que la temporalidad cuenta para la definición de cuestiones sustantivas, con base en los resultados, como el pacto fiscal, la distribución de recursos, la redistribución de escaños. Hay quienes ganan y quienes pierden. Se requerirá construir difíciles consensos y equilibrios. El Censo es un mandato demasiado serio como para dejarlo librado a caprichos, improvisación y ausencias.
