Hemos discutido hasta el hartazgo si incluimos o no la categoría “mestizos” en la famosa pregunta 29. Ahora está en “consulta” la pertinencia de preguntarnos qué religión profesamos para así justificar someter a “sugerencias” de las iglesias las leyes que rigen nuestro Estado plurinacional y laico. La pasada semana, los cocaleros de los Yungas propusieron incorporar una pregunta vinculada a qué coca se consume en el país, para poder definir qué coca se debe erradicar.
Ninguna de estas discusiones es menor. Políticas de identidad, políticas de legitimidad, políticas de erradicación. Y es que los censos de población son una herramienta que revela las prioridades de un país, no solo por los contenidos que se incluyen sino los mecanismos que funcionan para decidir qué temáticas medir. Más allá de la inclusión o no de preguntas específicas, en un censo podemos comprender la visión que tiene un Estado de su problemática social y cómo visibiliza (o invisibiliza) los problemas sociales que en la próxima década piensa abordar.
Los censos, diría Bourdieu (1991), representan la materialización del poder simbólico que los Estados ejercen sobre el monopolio de la información estadística. En ese sentido, permítanme hacer mi propia lectura interesada.
Desde hace años que las mujeres venimos problematizando la forma de preguntar la jefatura de hogar que ordena todo el Censo, pues parte del preconcepto automático de la autoridad masculina por la sola presencia de un varón adulto en el hogar, invisibilizando en muchos casos la responsabilidad compartida o incluso jefatura femenina a pesar de la presencia de un varón en la casa. Por ello, en el caso de Brasil, se pide que los miembros de la familia designen entre ellos la persona responsable del hogar sin hablar de jefatura, con lo cual se visibilizó que 40% de las familias tenían mujeres a la cabeza, cuando una década anterior se registró tan solo 24%.
Un segundo tema central a discutir es el subregistro histórico del trabajo de las mujeres. Por una serie de preconceptos, falta de formación o incluso comodidad de los/las empadronadores, muchas mujeres quedan registradas bajo la actividad “labores de casa” cuando seguramente durante la semana pasada (referencia que se usa para la pregunta) la mayor parte de las mujeres han desplegado una serie de actividades económicas para la sobrevivencia de sus familias. Incluso la forma en que se nombra el trabajo en la boleta (perforista de minas, mecánico de automóviles, profesor) fortalece la idea de ocupaciones netamente masculinas.
Ni qué decir de la absoluta invisibilidad de todo el trabajo del cuidado que las mujeres despliegan de manera gratuita en los hogares. De eso, por supuesto, en los censos no se habla. Al menos podríamos introducir una pregunta exploratoria de número de horas que las personas (mayormente mujeres) dedican al cuidado de otros en la familia.
En la problemática de salud integral, puede ser útil indagar en torno a la violencia intrafamiliar, puesto que cuando exploramos el apartado solo para mujeres de 15 años o más, parece que el Estado solo estuviera interesado en nuestros cuerpos y su capacidad reproductiva. En dicho apartado, sería de mucha utilidad incluir a las niñas desde los 12 años, considerando que el embarazo adolescente es uno de los problemas centrales que requiere de la intervención de la política pública. Debemos también esforzarnos por captar los matrimonios infantiles, un problema invisible hasta ahora.
Nos ilusiona que la discusión sobre el Censo coincida con la declaración del Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, puesto que compromete la voluntad del Estado y todas sus instituciones en realizar todos los esfuerzos por estar a la vanguardia en la generación de estadísticas con enfoque de género, aportando así a la generación de políticas públicas de igualdad.
Lourdes Montero es cientista social.
