En las últimas semanas se ha estado hablando mucho acerca de la Subasta Electrónica, un mecanismo que, a decir verdad, ya tiene un año de vida utilizándose en el Estado, el cual permite a las entidades públicas la adquisición de bienes y servicios generales mediante una competencia entre proponentes que, para ganar, deben ofrecer el precio más bajo de entre todos.
Lo novedoso ahora, luego de evidenciar los ventajosos resultados en ahorro y eficiencia durante una primera fase, es que se ha ampliado la cobertura de la subasta para la contratación de servicios generales y el método de selección y adjudicación, calidad, propuesta técnica y costo.
Entre las particularidades de la Subasta Electrónica podríamos señalar, en primera fila, la transparencia y equidad en la operación, puesto que en la etapa de puja la entidad pública no conoce la identidad de los proponentes ni ellos se conocen entre sí, lo que reduce formidablemente la posibilidad de que se dé un cohecho (conocido también como soborno o coima), colusión (pacto ilícito entre los proponentes para manipular el proceso de contratación), concusión (exigencia de pagos o contribuciones ilegales), o un tráfico de influencias. Para que la información proporcionada por los proponentes se mantenga reservada, el sistema aplica algoritmos de encriptación (se oculta a simple vista el contenido).
La economía también se ve bastante favorecida, pues los proponentes deben ofertar un precio competitivo de mercado para procurar la adjudicación, el cual esté por debajo del precio referencial establecido por la entidad pública, desconociendo a su vez el precio propuesto por los otros participantes; el sistema informático, en la etapa de la puja, da a conocer mediante un semáforo informativo de color verde si en ese instante el proponente tiene la oferta más baja, o de color rojo si no, para que decida si continúa con un lance más económico. Hay ganancia también a la hora de conclusión de la etapa de puja, pues de manera aleatoria y sin comunicarla, el sistema adiciona un tiempo extra de hasta 10 minutos a la misma, de tal manera que en ese periodo crucial los proponentes logren un lance ganador, bajando a tope su oferta económica.
La agilidad en los procesos de contratación realizados por el Estado ha sido también alcanzada por los beneficios de la Subasta Electrónica, la más perceptible es la del tiempo de duración de los mismos que repercuten en la economía de los participantes; además, se habilitó la posibilidad de que la garantía de seriedad de propuesta a ser presentada por los proponentes, sea mediante depósito bancario electrónico (o en ventanillas del banco), evitando tener que gestionarla ante una entidad de intermediación financiera o una empresa aseguradora, con la ventaja de que la devolución se realiza al día siguiente de dejar de necesitarla; de igual forma se habilitó la recepción de documentación firmada digitalmente, o manuscrita y remitida electrónicamente.
En cuanto a controles y calidad de la información, gracias a mecanismos de interoperabilidad entre sistemas, se verifica en línea que la información proporcionada por el proponente sea consistente con la existente en otras instancias, por ejemplo, su matrícula de comercio, Número de Identificación Tributaria (NIT), impedidos de participar en procesos de contratación con el Estado, etc.
La Subasta Electrónica ha alcanzado también a la adquisición de bienes y medicamentos de producción nacional, que se realizan con convocatoria pública y que se encuentran disponibles en el Catálogo Electrónico-Compro Hecho en Bolivia, del cual hablaremos en otro momento.
El tiempo es activo, produce. ¿Qué produce? Produce el cambio, decía Thomas Mann, a lo que colegimos, en tiempos de cambio, la pasión y la perseverancia con la que uno se entrega a éste es la que hará el cambio.
Javier Álvarez es consultor internacional senior en el sistema presupuestario público.
