En octubre de 2023, el primer ministro Netanyahu incitó encubiertamente al ejército israelí a iniciar un genocidio en Gaza. En su discurso, dijo: “Recuerda lo que Amalec te hizo (Deuteronomio 25:17), nosotros recordamos y peleamos”, ello haciendo referencia a la venganza de los israelitas contra el pueblo de Amalec por haber sido atacados durante su huida de Egipto. No obstante, lo que soslayó es que este verso señala: “borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo”, y que las instrucciones son: “destruye por completo todo lo que les pertenezca; no les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos” (1 Samuel 15,1-3). Pues bien, en los casi seis meses en los que Israel ha ejecutado sus operaciones militares en Gaza, Netanyahu ha cumplido. Al presente, más de 30.000 palestinos han sido masacrados, entre ellos más de 13.000 niños. El 70% de los hogares ha sido destruido. El 80% de toda la población ha huido sin poder orar y enterrar a sus seres amados, que hoy se descomponen en casas, calles o simplemente bajo los escombros.
Lea también: Pulverización del sistema educativo en Gaza
Varios acontecimientos recientes han comenzado a cercar las acciones genocidas del gobierno israelí, y según expertos, Israel está a un paso de convertirse en un nuevo paria internacional. Primero, el 26 de enero —día antes de la conmemoración del día del holocausto judío—, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una orden en el caso de genocidio interpuesto por la República de Sudáfrica. Paradójica en la data de su emisión, como histórica en su contenido, decidió que Israel debe tomar medidas para prevenir la comisión de actos genocidas, castigar la incitación a cometer tales actos, asegurar la provisión de asistencia humanitaria, tomar medidas para prevenir la destrucción de la evidencia sobre genocidio y reportar a la CIJ la ejecución de estas medidas. Debe destacarse que el 28 de marzo, la Corte volvió a emitir una orden complementaria, constriñendo a Israel a asegurar el ingreso de ayuda humanitaria irrestricta debido a la terrible hambruna que el pueblo palestino sufre con fines genocidas.
En otro frente, hace un mes también se celebraron las audiencias orales del procedimiento de consultas que lleva la CIJ sobre las consecuencias legales de las políticas israelíes en territorio palestino ocupado desde 1967. Cerca de 60 países presentaron alegatos jurídicos excepcionales sobre la clarísima responsabilidad de Israel por esas violaciones. Ello confirma que la comunidad internacional ha conformado un bloque monolítico en torno a la defensa de los derechos esenciales del pueblo palestino, incluida Bolivia, que además lidera el caso ante la CIJ. Ante la Corte, el embajador Roberto Calzadilla manifestó que Bolivia rechaza “las políticas expansionistas y colonialistas que Israel viene desarrollando desde hace medio siglo, promoviendo un sistema de apartheid y una constante asfixia y genocidio contra el pueblo palestino”.
Finalmente, el 25 de marzo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución histórica exigiendo a Israel un alto al fuego inmediato por el mes de Ramadán, el aumento del flujo de ayuda humanitaria y la protección de civiles en Gaza. EEUU, a pesar de ser aliado de Israel, permitió que esta resolución sea aprobada, lo que implica mayor presión hacia Israel para evitar sus ataques terrestres en Rafah, donde hoy se refugian 1,5 millones de palestinos. Una incursión así sería una nueva sentencia de muerte para los gazatíes, y asimismo pondría un sello de paria en la frente del gobierno israelí.
Parafraseando al profesor Antonio Cassese, la comunidad internacional es en gran medida un gigante sin brazos ni piernas que necesita extremidades artificiales para andar y trabajar; sin duda, son los Estados y todos los actores internacionales quienes en esta coyuntura deben estar en el lado correcto de la historia.
(*) Franz J. Zubieta Mariscal es docente de la UMSA y experto en solución internacional de controversias
