Sin duda el contrabando es una de las prácticas ilícitas más antiguas en Bolivia y el mundo, que a la par de ser un problema económico y político, es también social, en razón a que esta actividad se ha transformado en una forma de subsistencia para muchas personas y para otras, un medio de enriquecimiento que puede alcanzar límites inesperados e irracionales, menoscabando al propio Estado, así como a su aparato productivo. Este hecho nos ha puesto a pensar y cuestionar respecto a quién debiera encargarse de su represión.
Bolivia ha clasificado al contrabando como un ilícito que se configura como contravención administrativa cuando el valor de los tributos omitidos resulta igual o inferior a 200.000 Unidades de Fomento a la Vivienda, y siendo este monto superior se considera delito.
Entre los principales afectados de esta actividad ilícita está el propio Estado porque, en su afán de procurar su existencia, debe enmarcarse al cumplimiento estricto de la Constitución Política que le obliga a garantizar a la población el ejercicio pleno de los derechos fundamentales como la vida, salud, educación, vivienda, servicios básicos de agua, alcantarillado, electricidad, gas, entre otros, ello en el sentido más estricto de que “todo deber nace de un derecho”. Sin embargo, la no percepción de los ingresos, es decir, de los tributos que los contrabandistas evaden, dificulta esta tarea, siendo esta situación agravada cuando estamos frente a un contrabando de exportación de mercancía subvencionada.
El contrabando afecta igualmente de forma directa al aparato productivo boliviano, en la medida en que las grandes industrias, las micro y pequeñas empresas y el sector de agricultores entran a competir en el mercado interno en condiciones desventajosas, dado que los productos ingresados ilegalmente son comercializados a precios mínimos y hasta irracionales, originando la reducción de la participación de nuestros productores y la consiguiente pérdida de empleos.
Ahora bien, bajo la perspectiva de quién debe hacer frente a este ilícito, el nivel central del Estado ha asumido el rol de interdicción emitiendo para este efecto normas que incrementan las sanciones, incorporando al control del tránsito la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía en las fronteras y el traslado interno, fortaleciendo estas medidas con la creación del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, institución delegada por el Gobierno para reprimir este fenómeno. Ello ha propiciado que la administración aduanera haya obtenido Bs 655 millones solo en mercancías comisadas en 2021.
Asimismo, a fin de posibilitar la participación de la sociedad en esta lucha, se estableció la figura del “incentivo a la denuncia del contrabando”, a través de la cual todo denunciante puede recibir una recompensa en mercancía o en dinero efectivo, aspecto que a la fecha le ha permitido a la Aduana entregar una recompensa de Bs 3,9 millones desde la vigencia de dicha medida.
Sin embargo, casi nada se percibe en cuanto al rol que deberían cumplir los municipios para coadyuvar con esta lucha, siendo éste el destino final y el espacio propicio donde se comercializan, en su mayoría, los productos ingresados ilegalmente, a través de ferias y mercados improvisados, sin ninguna inspección en su venta, calidad o sanidad.
En definitiva, el contrabando es un fenómeno transversal difícil de erradicar, y en razón a sus efectos, que no tienen un color político o ideológico, su represión ya no solo debiera orientarse a un control fronterizo sino también interno, por cuanto es una tarea que todos los ciudadanos que forman parte de los niveles del Estado debieran asumir, a efectos de mejorar las condiciones de vida, no solo de un sector ni de un municipio en particular, sino la de todas las bolivianas y los bolivianos en su conjunto.
Reynaldo Cabrera Aguilar es abogado.
