Vivimos una coyuntura espectacular de precios de las materias primas, especialmente de los minerales e hidrocarburos; coyuntura que se da, entre otras cosas, por la guerra entre Rusia y Ucrania que ha descolocado las posiciones geopolíticas de los países del hemisferio norte y abre un abanico de oportunidades para los países del hemisferio sur, tradicionalmente proveedores de materias primas para el mundo industrializado. No es la primera ni será la última coyuntura de este tipo y cada país pondera una estrategia y genera acciones en ese sentido, para aprovecharla. Dentro de este panorama, Bolivia mira la oportunidad “con las manos atados”, para usar una frase atribuida al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Pasa que el país no ha tenido en las últimas décadas una política de planificación, reposición y generación de nuevas reservas de hidrocarburos ni de los minerales y metales que producimos, que haya sido sostenida y sustentable. Esto provoca hoy que no haya ninguna posibilidad de aumentar el nivel de producción y aprovechar adecuadamente la coyuntura que vivimos. Salvo la minería informal y la pequeña minería que campean por doquier y que sin prisa pero sin pausa aumentan su presencia en el contexto de la minería nacional, sí podrían tener alguna reacción; aunque esto sería un bálsamo pero no un remedio para el problema que analizamos.
Comenzando el siglo que vivimos y con la preocupación del permanente estado de crisis que acompaña al sector minero desde la nacionalización de las minas de 1952, el Colegio de Geólogos de Bolivia y otras instituciones del ramo generaron un foro sobre la Situación y Perspectivas del Sector Minero Boliviano, en 2001 (puede consultarse las memorias del evento en los archivos de la institución), evento que contó con la participación de autoridades y operadores de la minería nacional. Gran parte de lo que se destacó y de las conclusiones de ese evento podrían ser válidas en el momento actual: injerencia política, inestabilidad, rentismo a ultranza, legislación inadecuada que repele la participación del capital privado nacional y extranjero en la generación de inversiones de riesgo, fomento a la informalidad, etc. A más de dos décadas y en retrospectiva seguimos nadando contra la corriente mientras la minería depende del flujo global de inversiones y de nuevas tecnologías que la hacen cada vez más competitiva. En los últimos años y a nivel global, el nivel de inversiones en exploración minera, y pese a la pandemia, fluctúo entre $us 8 y 10 billones al año, de los cuales el 25% se invirtió en América Latina en países como Chile, Brasil, Perú y Argentina, entre otros (S&P Global Market Intelligency).
Volviendo al evento, los participantes trataban de explicar, como lo hacemos hoy, por qué el flujo de inversiones no llega a Bolivia con la intensidad que aún en un continente tan inestable como África se da, y llegaban a la conclusión de que hay criterios al margen del potencial que los inversores consideran para calificar dónde invertir: sistema económico, sistema político, sistema de derechos y permisos, problemas sociales, nivel de corrupción, estabilidad de divisas, régimen tributario, etc. Leyendo nuestra Constitución actual y la Ley Sectorial 535, podemos concluir que no condicen con la apertura que cualquier inversor espera para poder llegar a un país, por eso somos hoy la cenicienta de los países tradicionalmente mineros pese a haber tenido muchas oportunidades para reformar la legislación del sector para adecuarla a los tiempos que corren. Parafraseando a uno de los asistentes, el promotor Charles Scottie Bruce (+) que ya no está con nosotros: “Hay países que nunca pierden la oportunidad de perder la oportunidad”.
Dionisio J. Garzón M. es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.
