A inicios del año, autoridades mujeres de gobierno, acompañadas por representantes de movimientos sociales de mujeres, declararon a 2022 como el “Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización con una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres”, con el fin de establecer mayores mecanismos de información que permitan dar a conocer las acciones desarrolladas para enfrentar esta problemática.
Tener mayor conocimiento de los delitos que más se cometen en Bolivia y aquellos vinculados a la violencia contra la mujer, ayudaría a “pisar tierra” y tomar conciencia de este problema; asimismo, entender la norma que busca garantizar a las mujeres el derecho a no sufrir violencia física, sexual y psicológica, y conocer el financiamiento que los niveles de gobierno realizan para su cumplimiento.
Según la Fiscalía, hasta marzo 23 mujeres fueron víctimas de feminicidio y si nos remitimos a 2021, se confirmaron 108 feminicidios: 43 en La Paz, 17 en Santa Cruz, 15 en Cochabamba, 10 en Oruro, 10 en Potosí, 6 en Chuquisaca, 3 en Beni, 3 en Tarija y 1 en Pando, realizados por hombres con relación de parentesco con las víctimas. Otro dato alarmante señala que en Bolivia los delitos de violencia familiar alcanzan el 50% del total, luego están los robos con el 14%, lesiones graves y leves 11% y entre hurto, estaba, robo agravado y lesiones vinculadas a accidentes el restante 25%; esto implica que 9 de cada 10 víctimas de violencia familiar o doméstica fueron mujeres.
Con esta problemática, en 2013, el Gobierno promulgó la “Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”, planteando la implementación de mecanismos, medidas y políticas de prevención, atención, protección a las mujeres. Esta ley manda a todas las entidades públicas, incluyendo gobernaciones y municipios, a realizar las acciones necesarias y destinar recursos suficientes para este fin. La mencionada norma, adicionalmente, crea la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), como organismo especializado de la Policía; se establece el sistema de atención integral a las mujeres en situación de violencia; y con su reglamentación se definen porcentajes que las entidades deben destinar para financiar todas estas políticas.
Aparte, al revisar la normativa que regula el financiamiento, de los recursos que reciben las gobernaciones por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), el 10% se destina a seguridad ciudadana y, a la par de este porcentaje, un 15% es para la prevención y la construcción y mantenimiento de casas de acogida y refugios; a ello se suma el 10% para la infraestructura y equipamiento de la FELCV.
En el caso de los municipios ocurre algo similar: del IDH que reciben según la población, se destina entre 5% y 10% para seguridad ciudadana y de estos porcentajes, aquellos con menos de 15.000 habitantes utilizan 15% y los que cuentan con una población igual o mayor a 15.000 habitantes, disponen el 20% del total de los recursos del IDH de este acápite para la prevención y construcción de casas de acogida, y 10% para la FELCV.
Evidentemente, el nivel central del Estado destina también recursos para este fin, por ejemplo el bono Juana Azurduy, los centros de salud como el hospital Materno Infantil de la Caja Nacional de Salud, o el financiamiento de las fiscalías o juzgados.
Desde la perspectiva del análisis planteado, existe una amplia normativa que define políticas, estructuras de financiamiento e instancias destinadas a la lucha contra la violencia hacia la mujer, sin embargo, no se ha podido revertir esta situación, probablemente porque son necesarios mayores mecanismos de seguimiento y control en las instancias involucradas, pero también es importante que la sociedad tome conciencia y asuma su responsabilidad para afrontar este mal. ¿Usted qué opina?
Rodolfo Perales Arce es economista.
