Loïc Wacquant, alumno y colaborador de Pierre Bourdieu, en una conferencia en Argentina señalaba que en muchos países latinoamericanos que no han desarrollado un sistema penal judicial racional, tratar de resolver problemas sociales con la Policía, los tribunales y las cárceles equivale a establecer una dictadura, pues usar la prisión como mero depósito de presuntos criminales sirve solamente como una especie de teatro moral que los políticos utilizan para ocultar el hecho de que no están haciendo nada para solucionar el problema de raíz, es decir, para salvaguardar la responsabilidad política que les cabe por el problema y para simular que están haciendo algo.
Con esta declaración Wacquant se acercaba a pensadores como David Pratt, David Garland y Raúl Zaffaroni que acuñaron, en distintos momentos, la categoría de populismo punitivo para referirse a las prácticas políticas que se despliegan en respuesta a la criminología mediática, proyectada en los periódicos, noticieros y en las redes sociales, que decantan en vulneraciones complejas al debido proceso y al uso irracional de la detención preventiva. En el fondo estas prácticas políticas de encarcelamiento masivo tienen como finalidad evitar la pérdida de legitimidad del poder político a través de la puesta en escena del teatro moral momentáneo, como refiere Wacquant, que pueda mostrar, así sea en los titulares de los medios, que la justicia funciona, pese a que se vulneren los mismos derechos y garantías que suponen la existencia de una justicia real y oportuna.
Es claro que esta criminología mediática responde al alto rating que dan las noticias en las que se seleccionan ilícitos y víctimas a las que se les da una mayor cobertura y que terminan creando la percepción de una demanda social para que el gobierno de turno actúe bajo una aparente justicia y castigue.
Para algunos de los pensadores referidos, este populismo punitivo se basa en cierta compulsión placentera de castigar, propia de sociedades inquisitivas que, paradójicamente, levantan alguna bandera moral de turno. Mediante la práctica del castigo a lo tonto, es decir a cualquier sujeto que se convierte en el receptáculo del mal de moda que hay que acabar, se ocultan los problemas sociales más complejos que los influencers de turno no terminan de entender y consideran que la respuesta es el linchamiento mediático.
La respuesta frente a esta criminología mediática es retomar, desde una política criminal crítica, el fundamento de que las decisiones del sistema de justicia deben estar basadas en principios sustantivos de derechos humanos y no así en criterios mediáticos y políticos. Cualquier sociedad en la que el populismo punitivo sea el día a día de la justicia, está demandando una reforma de justicia urgente y necesaria.
Farit Rojas T. es abogado y filósofo.
