La pandemia iniciada en 2020, y cuyo fin es difícil de predecir siquiera, ha dejado muchos aprendizajes a los pueblos y sus gobiernos. El primero de ellos es que nadie estaba preparado para afrontar los múltiples retos que la enfermedad impone, pero sobre todo que quienes peor llevaron la situación han sido las y los que poseen menos recursos, los económicos y los tecnológicos.
A estas alturas, la profundización y extensión de la pobreza a causa de la pandemia no son cosa desconocida, y gran parte de los gobiernos ha pergeñado y ejecutado diversas estrategias para aliviar las condiciones de quienes vieron sus condiciones de vida desaparecer mientras el mundo ingresaba a las sucesivas cuarentenas causadas por la diseminación del virus; menos iniciativas orientadas a realmente cambiar el estado de cosas ha inspirado el problema del acceso a Internet.
Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en 2020 dos terceras partes de la población latinoamericana, incluyendo a Bolivia, eran usuarias de Internet; muy por debajo del 88% de la población europea y el 99% de penetración en EEUU. Sin embargo, esta cifra encubre una mucho peor: en la región, dependiendo del país, el porcentaje de personas sin acceso a la red de redes oscila entre 60% y 95%. La diferencia entre poblaciones urbanas y rurales también es alarmante: allí donde hasta 67% de los hogares urbanos están conectados de alguna forma a Internet, en el campo llegan apenas a 23%. En Bolivia, la población rural sin Internet representa el 90%.
Según el estudio de la agencia de Naciones Unidas, el costo de disponer de conectividad efectiva (entendida como acceso a Internet, pero además la posesión de los dispositivos necesarios para hacerlo) puede llegar a representar entre el 6% y el 33% del total de ingresos del 40% de los hogares más pobres de la región. Así, no sorprende que el 46% de niñas y niños de entre 5 y 12 años de edad en la región no tienen acceso a Internet y, por tanto, no han tenido educación durante los muchos meses de enseñanza virtual.
La enorme brecha digital entre los estratos económicos más altos y los más bajos, o la todavía más dolorosa entre poblaciones urbanas y rurales, condiciona el derecho a la educación y profundiza las desigualdades socioeconómicas. De nada sirve, por ejemplo, que el Director de la Agencia Boliviana Espacial (ABE), responsable del satélite Túpac Katari, afirme que con la tecnología a su cargo hoy cualquier hogar del país pueda acceder a la conexión, si la mayoría de esos hogares no tiene ni los equipos necesarios ni mucho menos el dinero que tal conectividad cuesta.
Seguir descuidando el acceso pleno de la población al Internet, crucial en el mundo contemporáneo, es también una forma de postergar el desarrollo de grandes segmentos de la población, y lo que es peor: se trata de poblaciones de suyo más retrasadas y obligadas por la pobreza a solo desear los recursos que los sectores urbanos y mejor acomodados poseen.
