El domingo pasado se cumplió un año del apresamiento de la expresidenta provisoria Jeanine Áñez. Su condición legal es incierta, pues está siendo acusada, como exsenadora, en dos juicios ordinarios; y enfrenta cuatro proposiciones acusatorias, como exmandataria, para juicio de responsabilidades. Áñez proclama su inocencia, pide perdón y denuncia traición de su entorno.
El 13 de marzo de 2021, en un operativo policial realizado en Trinidad (con la participación personal del ministro de Gobierno y del comandante de la Policía), se procedió al apresamiento de Áñez, quien rápidamente fue trasladada a la ciudad de La Paz. Se la encontró escondida en un domicilio particular. Hay quienes sostienen que preparaba su fuga del país (como lo hicieron varios de sus ministros). Desde entonces está con prisión preventiva en el marco de los casos llamados Golpe de Estado.
Luego de un año como presidenta de un régimen cuya constitucionalidad está en cuestión, Áñez se replegó a su departamento de origen. Llegó incluso a postularse como candidata a la gobernación, pero le fue mal en las urnas (solo un 13% votó por ella). Días después de los comicios fue apresada en el marco de un insostenible y hoy congelado e incierto juicio por “terrorismo, sedición y conspiración”. Pese a sucesivos y fallidos intentos por lograr “casa por cárcel”, su prisión preventiva continúa en el marco de otro proceso penal.
El enjuiciamiento de Áñez se realiza en su condición de exsenadora de oposición, por haberse autoproclamado primero presidenta del Senado y luego presidenta del Estado en veloces sesiones sin quorum, sin votación y sin haberse aceptado las renuncias de Morales y García Linera. Al mismo tiempo, están en curso cuatro proposiciones acusatorias contra Áñez como expresidenta, por diferentes casos, entre ellos las masacres de Sacaba y Senkata. Todavía no hay dos tercios en la Asamblea para darles curso.
La detención de la ex primera mandataria, su prolongada prisión preventiva y los mismos juicios ordinarios en curso son objeto de disputa política entre el oficialismo y la oposición. Según el gobierno del MAS-IPSP, el proceso busca justicia ante la autoproclamación inconstitucional de Áñez, entendida como golpe de Estado. De acuerdo con la oposición, se trata de un acto de venganza y de persecución política, sin ninguna base legal, ya que en último caso correspondería un juicio de privilegio.
En una reciente carta, Jeanine Áñez se declara presa política y víctima de un encierro ilegal e injusto. Y pide perdón al pueblo boliviano: por los errores cometidos en su gobierno y por haber confiado en “tantos cercanos quienes me traicionaron, mintiendo y algunos negociando para volver al poder”. ¿A quiénes se refiere? ¿A su círculo íntimo, empezando por el fugado Murillo? ¿A quiénes les ofrecieron la presidencia (el Plan B) desde la Universidad Católica? Continúan la polémica, la detención, el juicio.
