El inicio, hoy, del juicio contra la expresidenta transitoria Jeanine Áñez podría constituirse en el paso fundamental no solo para buscar la restitución y reparación de derechos humanos vulnerados luego de la forzada renuncia del entonces Presidente constitucional o la sanción a quienes propiciaron la ruptura constitucional, sino para demostrar que una justicia correcta es posible.
Es difícil, sin embargo, que tal propósito pueda cumplirse, pues muchos intereses se juegan desde todas las posiciones del tablero político. Por lo pronto, la admisión de culpabilidad de dos jefes militares de entonces, tramitada días antes del anterior, frustrado intento de iniciar el proceso judicial que hoy debería instalarse en el Tribunal 1º de Sentencia Anticorrupción de La Paz, sumada al hecho de que otros dos miembros de la cúpula militar están prófugos, dificulta seriamente las estrategias que pudiera intentar la defensa de la acusada.
De hecho, hasta ahora han sido más efectivos los recursos procedimentales que las razones de hecho y de derecho para impedir la instalación del proceso judicial, como se pudo observar semanas atrás, cuando la primera audiencia virtual no llegó siquiera a iniciarse; evidenciándose, además, una lamentable carencia de recursos técnicos para ejecutar las formalidades necesarias en un juicio, y mucho más en uno de la trascendencia de este.
Tampoco ayuda el hecho de que se haya separado la materia justiciable entre aquellos hechos sucedidos antes y aquellos después de la cuestionada asunción de mando, el 12 de noviembre de 2019. La decisión, se sabe bien, obedece a la previsible incapacidad de la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa para asegurar los dos tercios de votos necesarios para aprobar la proposición acusatoria ya presentada por el Ministerio Público y enviar el trámite al Tribunal Supremo de Justicia.
En el camino, el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha insistido días atrás, en entrevista con LA RAZÓN Radio, que lo importante antes que la reforma judicial como condición para el juzgamiento de la exmandataria, es la urgencia de brindar atención y reparación a las víctimas. Las reformas judiciales requieren concertación nacional y discusión de propuestas, que “son procesos demorados”, afirmó.
Mientras tanto, las cabezas de oposición, comenzando por quienes estando reunidos en una oficina de la Universidad Católica Boliviana decidieron poner a la entonces senadora en la primera magistratura del país, no han pasado de tibios pronunciamientos de apoyo a la hoy detenida en el penal de Miraflores a través de sus redes sociales, seguramente por temor a ser incluidos en la lista de testigos de cargo y descargo que deberán presentarse en un proceso que podría durar muchos meses y plantear numerosas ramificaciones. Se trata, pues, de un proceso que debería ser histórico, pero que todavía no está libre de fracasar a causa de los muchos intereses puestos en juego.
