Este viernes vence el plazo para la presentación de postulaciones a la Defensoría del Pueblo. Hasta ahora solo se registraron 17 personas. Es probable que al filo del plazo lleguen decenas de candidaturas. Más allá del número de postulantes, lo importante es mantener el espíritu de concertación con el que fue lanzada la convocatoria. Bolivia necesita la o el mejor Defensor.
Luego de una bochornosa sesión marcada por la tensión y el desencuentro, las bancadas representadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional lograron concertar una convocatoria, con pleno acuerdo sobre los requisitos y el procedimiento, para el cargo de nuevo Defensor o Defensora del Pueblo. Fue no solo una buena noticia para el país, sino también la demostración de que, con mesura y madurez política, el oficialismo y la oposición política pueden dialogar y conciliar sobre asuntos relevantes.
La elección de la nueva persona que asuma la titularidad de la Defensoría del Pueblo es una necesidad institucional luego de más de tres años de interinato. Por ello la importancia de blindar el proceso en todas sus fases y preservar la convergencia de criterios para la elección. El principio es elegir una autoridad que, con probidad e independencia, cumpla el mandato constitucional de “velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos”.
Más allá de la anécdota, las postulaciones presentadas hasta la fecha parecen distantes del perfil requerido para impulsar una nueva etapa en la Defensoría del Pueblo. Cierto que la primera defensora, Ana María Romero de Campero, puso un umbral alto para el cargo, pero ese debería ser el referente (sus tres sucesores titulares se alinearon políticamente: Albarracín y Villena con la oposición, Tezanos con el Gobierno). Esperemos que el viernes, cumplido el plazo, haya opciones destacadas para elegir.
La Defensoría del Pueblo (no del Estado, no de poderes fácticos ni de intereses particulares) es una institución fundamental para velar por la función constitucional de defensa de la sociedad (junto con el Ministerio Público, tan venido a menos). Esa función debe ser celosamente preservada. Nuestra Constitución Política del Estado es muy avanzada en el reconocimiento de derechos, tanto individuales como colectivos. La Defensoría es clave para garantizar el ejercicio de esos derechos.
A reserva del panorama de postulaciones al cargo que haya al final del viernes, es necesario que la Asamblea Legislativa Plurinacional, tanto en la comisión mixta como en el pleno, realice su mejor trabajo conjunto en la verificación de requisitos y causales de inelegibilidad e incompatibilidad, la resolución de impugnaciones y la evaluación de méritos. Dicho trabajo debe hacerse con amplia publicidad y plena transparencia. Las y los bolivianos esperamos al mejor Defensor o Defensora del Pueblo.
