El interminable escándalo iniciado con el arresto de un asesino y violador serial, y las muchas y muy temibles ramificaciones del caso, ha puesto nuevamente en el centro de la atención la impostergable necesidad de reformar el actual aparato de justicia. La importancia de esta intervención a este órgano de poder tiene que ver con la viabilidad del Estado y sus instituciones.
Se trata, en primer lugar, de la presencia de un sistema que privilegia a varones violentos y hasta asesinos por encima de los derechos de las víctimas y sus familias, y que no se trata de casos aislados. Una activista del feminismo comandó una gran movilización, proponiendo una comisión para identificar jueces que favorecen a violadores y feminicidas, y acto seguido el Presidente instruyó conformar una instancia similar, prueba de la importancia relativa del asunto en la agenda de hoy.
Pero tal comisión, y el resultado de su trabajo, probablemente sirva para abundar en detalles y evidencias de la decadencia y lenidad del aparato judicial, incluso para evidenciar y poner ante el ojo público a esas y esos administradores de justicia y juristas que defienden, protegen y favorecen a criminales, mas quedará la duda de si esas personas realmente serán procesadas y sancionadas, y si eso será suficiente.
En segundo lugar, la necesidad de reformar la justicia tiene que ver con un extendido sistema de corrupción en el que son negociables desde las actuaciones del Ministerio Público hasta, como se ha visto, la liberación de criminales sentenciados a pena máxima. ¿Quién puede sentirse seguro en un Estado donde la justicia responde a la capacidad económica de los agentes?
Del mismo modo, ese estado de cosas ha posibilitado que el poder político se sirva del poder de la justicia, que fácilmente se entrega a los dictados de quien está a cargo de la nave del Estado, como se ha demostrado durante la autoritaria gestión transitoria de 2020, cuando el Fiscal General fue funcional, pero también públicamente amenazado por el entonces Ministro de Gobierno; el mismo Fiscal General que hoy es acusado de permitir persecución política a los opositores del Gobierno.
En tercer lugar se trata en otros casos de la fe del Estado. Acaba de anunciar el Canciller boliviano que la respuesta a la solicitud de EEUU de detener con fines de extradición a un exjefe policial vinculado a la lucha contra el narcotráfico tendrá un carácter jurídico y no político, dejando en manos del Tribunal Supremo de Justicia la decisión de conceder o no la extradición del ahora acusado por delitos de tráfico de sustancias controladas. Cualquiera sea el fallo de la máxima instancia del Judicial, es previsible que será objeto de toda clase de cuestionamientos.
Urge, pues, un debate tan abierto y democrático como sea posible, pues cada vez más sectores de la sociedad civil evidencian su interés en participar del proceso, y las respuestas reactivas e intolerantes de las autoridades a cargo del trámite a las críticas que se hacen no anuncian tal voluntad.
