A setenta años de la nacionalización de las minas y del control estatal del sector minero boliviano, no podemos decir que esta industria haya tenido un desarrollo importante. Como anoto frecuentemente en esta columna, la minería nacional está estancada en sus contradicciones producto de la injerencia política y de la inestabilidad jurídica y social a la que deben enfrentarse los pocos audaces que periódicamente se atreven a invertir en el país. No hay una sólida política minera y con muy pocas excepciones vivimos de un bombardeo cotidiano de frases hechas, propuestas y teorías que prometen el oro y el moro y la panacea a corto plazo, que varían según quien sea el inquilino de Palacio. El país ha sido un campo de ensayos de todas las teorías económicas propuestas por los países industrializados en su afán de dominio de las fuentes primarias de recursos naturales. Desde el modelo neoliberal de libre mercado con sello del Consenso de Washington postulado como generador principal de desarrollo, el modelo de economía social de mercado desarrollado para la Alemania de posguerra y postulado como alianza y cooperación entre los países industrializados y aquellos en vías de desarrollo, el modelo socialista de la Europa oriental que intentó aplicarse en nuestros países en el pasado reciente, hasta la parafernalia mediática que vivimos y que pregona la sustitución de importaciones como uno de los objetivos del actual modelo económico social comunitario productivo; todos tuvieron/ tienen su oportunidad de ensayo en nuestros países de Latinoamérica y los resultados saltan a la vista, no pueden calificarse como exitosos en nuestro país ¿Por qué?
1) Cuando se habla de “modelo” se encasilla alternativas a una posición política que reduce las posibilidades de éxito. El desarrollo es una combinación sui géneris de factores que difieren de un país a otro; no podemos reproducir en el país o en los países latinoamericanos las condiciones que en el pasado siglo tenían los países asiáticos denominados Tigres del Asia Oriental.
2) La inestabilidad política no garantiza continuidad sino cambio de modelo en cada caso y el resultado es el vaivén pendular de posiciones políticas contradictorias que impiden el desarrollo no solo de la industria minera sino del conjunto de la economía.
3) La inestabilidad social produce un clima que repele la inversión y anula la capacidad de tener un sólido portafolio que garantice desarrollo a largo plazo.
4) El “mercado” determina el que, para qué y para quién se produce. El ejemplo clásico que siempre uso: no es lo mismo aumentar la inversión estatal vía endeudamiento para mantener los niveles de intercambio en el mercado interno, que es el caso de la política actual y base de nuestro modelo económico; que jugar en las ligas mayores y en mercados de ultramar donde la lógica especulativa no se compadece de los lamentos de los productores de materias primas.
El empoderamiento del Estado como actor productivo no pasa de ser un slogan. Nos hemos olvidado del “mercado”, aquel de la vida real y no el de los sueños, aquel donde acudimos en los dorados años de la minería de los años 30 y 40 del pasado siglo, aquel donde uno de los Barones del Estaño realizara la mayor aventura de la minería nacional. Estimo que Comibol debiera ser abanderada del retorno a la lógica del mercado, de la inversión en países y empresas de ultramar, de volver a ser una corporación que juegue en las ligas mayores de la minería internacional, ya lo hicimos en los viejos tiempos. ¿Por qué no ahora? La lógica de la industria nos coloca en la disyuntiva de acudir al “mercado” o ponerle un candado a la industria.
Dionisio J. Garzón M. es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.
