Uno de los mayores expertos en derechos humanos de este tiempo es el brasileño Paulo Abrâo, quien ocupó hasta agosto de 2021 la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH. Con un doctorado en Derecho, varias cátedras en diferentes países y una amplia trayectoria, Abrâo es hoy un referente internacional indiscutible. En noviembre de 2019 él lideró la misión de la CIDH que atendió las diversas denuncias de vulneración de derechos humanos. Lejos de las apetencias del gobierno de facto recién instalado en aquel entonces, el informe de dicha misión determinó graves vulneraciones a los derechos humanos y ratificó que el gobierno de Áñez, en coordinación con grupos paramilitares, fue el responsable de asesinatos, actos racistas y humillantes, ejecuciones extrajudiciales, etc. En síntesis, el informe refiere a las masacres de las que, en términos institucionales, es responsable Jeanine Áñez.
Áñez asumió de facto la jefatura del Estado, cartera con la que es la principal responsable de los crímenes durante su gestión. Pero, además, hacerse del poder por una vía no democrática en pleno siglo XXI en la mayoría de las sociedades mundiales no es un acto legal. Creer que hacerlo no vaya a tener consecuencias judiciales es un absurdo, inclusive si los medios de comunicación hegemónicos generan relatos paraestatales. Hacerse de la administración pública, es decir del Gobierno, sin contar con el respaldo popular no es un deporte extremo al que una persona pueda lanzarse solo porque hay quienes por detrás le echan porras. Una senadora y exasambleísta debiera saberlo a la perfección; y no es un pretexto válido el hecho de que Jeanine Áñez haya sido una política sin relevancia y de la periferia conservadora.
Por supuesto que Áñez no es la única responsable de la devastación que sufrió Bolivia, su gente y su institucionalidad. El pretender descargar la justicia solo con procesos hacia ella sería un error histórico por parte de los actuales querellantes. Y a pesar de la necesidad de ampliar la lista de los enjuiciados por el sangriento 2019, —a saber, Carlos Mesa, Fernando Camacho, Tuto Quiroga— no debe relativizarse la responsabilidad de quien se autoproclamó presidenta en una Asamblea Legislativa vacía para después firmar, por ejemplo, un decreto que otorgara carta libre a las Fuerzas Armadas para operar en contra de la gente; más que carta libre, bala libre para matar.
Aún están frescas en la memoria colectiva las hazañas de Jeanine Áñez durante su gobierno de facto. Es difícil olvidar las fiestas familiares auspiciadas por el erario público. Pocos son los que no han visto en redes sociales a los hijos de Áñez y sus amigos derrochando los bienes públicos, por ejemplo, usando el avión presidencial como vehículo privado. Muchas personas conocen a la perfección los salarios que se pagaban para peinadoras, manicuristas y diseñadoras de moda para gestionar la vida cotidiana de Áñez y sus hijos. Fueron incontables los vecinos, compadres y demás advenedizos benianos que se enriquecieron durante el gobierno de facto y se beneficiaron de cargos públicos para los cuales, evidentemente, no estaban preparados. Pensar que todo eso se puede hacer sin que haya consecuencias es ilógico.
Ojalá la familia de Jeanine Áñez no tuviera que pasar por verla presa, ojalá que Áñez nunca hubiera sido Presidenta de facto, ojalá las vidas que ella arrebató pudieran seguir su curso, ojalá que nunca se hubiera roto el orden constitucional en Bolivia. Todo acto tiene su consecuencia.
Hace pocos días, luego de la alta atención mediática que recibió el juicio a Jeanine Áñez, Paulo Abrâo tuiteó: “No es una presa política, es una política presa”. No se debe aceptar que el juzgamiento de los actos ilegales de los políticos siempre puede disfrazarse de persecución política. La bala libre no puede quedar en la impunidad.
Valeria Silva Guzmán es analista política feminista. Twitter: @ValeQinaya.
