En el imaginario colectivo, Bolivia es un país andino cubierto por imponentes nevados y extensos altiplanos. Sin embargo, la realidad es diferente. Hasta 2017, Bolivia tenía una superficie cubierta por bosques de aproximadamente 52 millones de hectáreas (47% del territorio nacional), correspondiendo mayoritariamente al bosque amazónico (37,64 %), bosque chaqueño (17,37 %) y al bosque seco chiquitano (16,76%).
Lamentablemente esa realidad se está transformando en áreas agrícolas o pecuarias, con limitada capacidad de ser sostenibles en el tiempo. Según estimaciones del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (Deforestación en el Estado Plurinacional de Bolivia periodo 2016-2017) la superficie total deforestada a nivel nacional hasta 2017 ascendió a 7 millones de hectáreas, que representa aproximadamente el 6% de la superficie total del territorio nacional o 215 veces la superficie del municipio de Santa Cruz de la Sierra.
La deforestación, por tanto, no es solo tumbar esos cuantos palos que estorban para poner cultivos agrícolas y criar vacas; supone menos madera, menos frutas, menos nueces, menos resinas, menos hojas, menos medicinas, menos fauna, menos agua; y por otro lado, más contaminación por gases de efecto invernadero, más calor, más sequía, más heladas, más riadas, más inundaciones, más vientos huracanados y mayores desastres humanos causados por la mala práctica del desmonte.
Obviamente nadie tumba el monte por maldad o porque odie los árboles. Existe desconocimiento en la población y en las autoridades de todos los valores, bienes y servicios que ofrecen los bosques; y a su vez, existen fuertes incentivos para que las personas arremetan contra los bosques.
La mayor parte de los incentivos para la deforestación están fuera de los bosques e incluso fuera de Bolivia. Éstos tienen que ver con el mercado que demanda más productos agrícolas, mayor consumo de carne en centros urbanos y la visión traducida en las políticas erradas de los gobiernos que consideran que con más tractores agrícolas en los bosques se dará seguridad alimentaria a la población. Nada más falso y equivocado.
La visión agrarista se concretiza en políticas públicas que ven en los bosques un estorbo al desarrollo económico, esa misma visión agrarista hace que los actores de la deforestación solo sean capaces de pensar que más tierras agrícolas les darán más ingresos. Y aquí no se salva nadie, todos piensan igual, desde los gobernantes, pasando por los agroindustriales, campesinos y hasta los indígenas de tierras bajas. Con la diferencia de que estos últimos están más ligados a los bosques que todos los demás.
Es preciso concluir señalando quiénes deforestan y por qué lo hacen. Indudablemente la mayor superficie deforestada corresponde a los grandes agroindustriales, influenciados por el mercado y apoyados fuertemente por la política agrarista reinante en el país desde hace más de cinco décadas. Deforestan también los agricultores campesinos, cuya tasa de deforestación individual es mucho menor pero su número es mayor. Este grupo es muy sensible al mercado e intenta seguir la huella de los agroindustriales; sin embargo, se centra en cultivos que exigen menores inversiones, que tienen alto rendimiento y mercados seguros. Finalmente, están los pequeños campesinos e indígenas cuya relación con el mercado es aún frágil y que por tanto sus niveles de deforestación son bajísimos comparados con los dos grupos anteriores.
Tenemos la gran oportunidad de profundizar el modelo económico social comunitario en equilibrio con la naturaleza, generando bienestar para las diferentes poblaciones e innovando nuevas prácticas de uso y manejo de recursos del bosque.
Pavel Campero Umaña Es ingeniero forestal.
