En este primer año de gestión, el Gobierno ha implementado medidas que benefician al país, podemos citar la aprobación de fideicomisos por Bs 1.261,10 millones, medidas de apoyo e incentivo a la producción nacional para la sustitución de importaciones de productos elaborados en el país, liberación del Gravamen Arancelario (GA) a la importación de vehículos y maquinaria eléctrica e híbrida. No obstante, estas han sido cuestionadas por opinadores que tuvieron el poder por un año, y sin saber qué hacer con los recursos de los bolivianos decidieron que era mejor buscar sus propios beneficios, dejando olvidado al ciudadano que más los necesitaba debido a la enorme crisis sanitaria que azotaba a la población.
Bajo estos antecedentes, se ha llevado a cabo, por parte de las autoridades nacionales, políticas de austeridad y reconstrucción de la economía, propugnando preceptos tales como la sustitución de importaciones y el apoyo a la industria nacional.
En este sentido, la Ley 1391 del 31 de agosto de 2021 establece incentivos tributarios para la importación y comercialización de bienes de capital, plantas industriales, vehículos de alta capacidad en volumen y tonelaje para el sector agrícola e industrial, además de maquinaria pesada para la construcción y minería, lo que va acorde con las necesidades principalmente de los pequeños y medianos emprendedores que han sufrido un gran impacto económico, cerrando en muchos casos sus únicas fuentes de ingreso, tales como fábricas, empresas, pequeños negocios y otros, lo que desencadenó también un incremento en el nivel de desempleo.
Es por esta razón que los incentivos que ofrecen la citada ley y su decreto reglamentario (4579) están enfocados en otorgar la desgravación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a todas las importaciones y a la venta en el mercado nacional de los bienes mencionados, que implican 504 subpartidas arancelarias del Arancel Aduanero de Importaciones de Bolivia.
Esto quiere decir que sectores como la industria de metalmecánica, agricultura, textil, minería, entre otros, se encuentran alcanzados para poder ingresar al país y comercializar estos bienes, y lo más importante es que no solo se beneficia a las grandes empresas, sino a todo aquel ciudadano que quiera emprender su fábrica de jugos, que quiera tener su maquinaria para siembra de sus cultivos, entre otras. Esta acción permitirá que los sectores productivos puedan equiparse de la mejor manera para lograr un aparato productivo sólido que coadyuve a la industrialización del país, a la cual se apunta desde hace ya algunos años.
De igual forma son beneficiadas las entidades y empresas públicas o estratégicas donde el Estado tiene la mayoría absoluta del capital accionario, siempre y cuando las mercancías que se adquieran sean totalmente nuevas. Obviamente, esta política adoptada genera un costo fiscal para el Estado, pero se debe tomar en cuenta el apoyo que se está brindando al aparato productivo, además que la medida tiene como vigencia un año.
Es necesario puntualizar que para estos bienes de capital ya se cuenta en muchos casos con una desgravación total del GA, es decir que se encuentran con 0% de aranceles (283 subpartidas), en otros casos solamente con 5% de GA (174 subpartidas), lo que sumado a la liberación del IVA, pues, se convierte en un gran beneficio. Asimismo, todas aquellas mercancías que hayan ingresado al país o hayan sido fabricadas en territorio nacional con anterioridad a la norma están siendo vendidas o comercializadas con IVA tasa cero, por lo que la medida se constituye en un marco legal muy importante para el desarrollo y recuperación de la economía, bajo la premisa de reactivación que lleva a cabo el presidente Luis Arce desde su asunción en noviembre de 2020.
Adolfo Áñez Vidal es contador público.
